El Congreso de la República decidirá hoy la suerte de la controvertida reforma a la justicia, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Juan Manuel Santos y con base en las objeciones hechas por el mismo jefe del Estado.

Todo hace prever que la enmienda constitucional será enterrada, ya que así lo han pedido el primer mandatario y otros sectores políticos y sociales del país, entre ellos los grandes empresarios agrupados en el Consejo Gremial.

Además, según lo expresado por los voceros de las diferentes bancadas políticas, existe un acuerdo para que esta reforma, después de ser analizada y debatida, sea archivada definitivamente por el Congreso de la República.

Las sesiones extraordinarias se iniciarán a las 3 de la tarde, de acuerdo con la citación hecha por los dignatarios del Senado y de la Cámara de Representantes, para ocuparse exclusivamente de examinar las objeciones presidenciales al proyecto de Acto Legislativo aprobado por el Congreso.

Para este jueves, el segundo día de extras, las sesiones se cumplirán a partir de las 10 de la mañana.

A propósito del tema, el presidente Juan Manuel Santos reafirmó la legalidad de su decisión de convocar a sesiones extras al Congreso y sostuvo que no solo es su facultad constitucional, sin también porque es su deber para evitar el caos institucional y judicial que significaría la vigencia de la reforma judicial tal como fue aprobada.

Igualmente, el Presidente Santos reiteró su pedido a los congresistas para que se archive la Reforma porque –sostuvo– en su redacción final es inconstitucional, inconveniente y contraría la expresión de la opinión pública.

Además señaló:

“Yo, como Presidente de la República, como Jefe de Estado obligado a cumplir la Constitución, asumo la responsabilidad política y jurídica por las objeciones que he presentado y por las sesiones extraordinarias a que estoy convocando para que las decidan”.

El primer mandatario Mandatario afirmó que trata de un cumplimiento esencial de un deber del poder legislativo en este momento crítico y destacó que el propio Fiscal General de la Nación no sólo ha respaldado la decisión de objetar esta reforma, sino que ha enfatizado el hecho de que el voto de los parlamentarios no implica ni puede implicar responsabilidad penal de ninguna clase”.

Por eso advirtió:

“Que nadie venga ahora a acusar a los parlamentarios de prevaricato por acudir a unas sesiones extraordinarias convocadas a conciencia y en derecho por el Presidente de la República”.

En efecto, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, no solo apoyo la convocatoria de las extras, sino tambien advirtio que los congresistas que votaron la reforma a la justicia no pueden ser investigados.

Montealegre señalo que las objeciones que ha formulado el Presidente de la República son procedentes desde el punto de vista constitucional”.

Según el Fiscal General de la Nación las objeciones hechas por el Presidente tienen fundamento constitucional porque las comisiones de conciliación excedieron sus facultades al armonizar los textos aprobados en Cámara y Senado, afectando en forma grave la garantía del fuero integral del Presidente, Vicepresidente, Fiscal y otros altos funcionarios del Estado.

No obsante, el Fiscal Montealegre dijo que no se debe hundir toda la reforma.

Segun dijo, se debería rescatar parte de la normatividad que tiene que ver con la perdida automática de la competencia de los funcionarios judiciales cuando no fallan a tiempo, la creación de jueces y tribunales en municipios y departamentos donde hoy no existen, la supresión de la Comisión de Acusaciones, la doble instancia para los congresistas y la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura

No obstante, el presidente del directorio nacional Conservador, Efraín Cepeda, expresó sus temores sobre una presunta ilegalidad de las sesiones extraordinarias, convocadas por el Gobierno para hundir la reforma judicial.

El pronunciamiento lo hizo tras una reunión de mas de 3 horas con la bancada de su partido en la cual se analizó la situación alrededor del artículo 149 de la constitución nacional, cuyo texto señala:

“Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez, a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones sean sancionados conforme a las leyes”.

Cepeda agregó que este artículo está en concordancia con otro que prohíbe que en las sesiones extraordinarias del Congreso se traten reformas constitucionales.