La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra los exdirectores del IDU, Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez, por su presunta responsabilidad en la adjudicación de contratos irregulares en la capital de la República.

De acuerdo con el Ministerio Público, Pardo y Ramírez habrían incurrido en presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos que estipulaban el cumplimiento de los objetivos del plan de obras por valorización en la ciudad, y agrega que los exfuncionarios no habrían ejecutaron el Acuerdo 180 de 2005, emitido por el Concejo Distrital de Bogotá.

La determinación disciplinaria también cobija a los señores Luis Eduardo Montenegro Quintero, subdirector general de Infraestructura; Carmen Elena Lopera, directora técnica de Construcciones; Alberto Pallares Gutiérrez, subdirector técnico de Ejecución del Subsistema Vial; Gloria Inés Cardona Botero, directora técnica de Construcciones; y los coordinadores de los contratos, señores Fernando Ávila León, Norman Ricardo Sánchez Dueñas, Carmency Arlet Garcia Martínez, Alejandro Restrepo Gómez y Fernando Ávila León.

De acuerdo con la investigación, se detectaron posibles irregularidades en los contratos de obra pública 020, 029, 037, 068, 047 y 079 celebrados en el 2009, financiados con recursos de valorización producto del Acuerdo distrital.

La Procuraduría advirtió que estas «están relacionadas con el incumplimiento en las estipulaciones contractuales y desde luego de los principios de economía, responsabilidad y transparencia; pues no se cumplió, entre otras cosas, con el cronograma de obra, el retiro de escombros, los planes de manejo de tráfico y los avances de obra, lo convenido en el área ambiental y la implementación del plan de manejo de tráfico, la seguridad Industrial y lo relativo a la salud ocupacional».

En este sentido, el incumplimiento reiterado con los requerimientos exigidos por la Secretaria de Movilidad para la otorgación de los permisos respectivos, al parecer ocasionó la inobservancia del inventario de las redes de Codensa y la ETB, la inadecuada planeación de las actividades a desarrollar, la falta de todos los estudios, de los diseños, de los planos, el presupuesto, entre otros.

El valor aproximado de toda esta contratación estatal en el Distrito, oscila en noventa y ocho mil millones de pesos. Hechas las correspondientes notificaciones personales, se decretarán y practicarán las pruebas que soliciten los sujetos procesales como aquellas de oficio que requiera el Despacho, siempre y cuando sean conducentes, pertinentes y útiles a los hechos; luego se recibirán los alegatos de conclusión y se fallará lo que en derecho corresponda.