La jueza 60 de control de garantías de Bogotá avaló la petición de la Procuraduría de solicitar medida de aseguramiento contra Emilio Tapia, tras considerar que representa un peligro para la sociedad.

De acuerdo con Ricardo González, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, entre los años 2008 y principios del 2010, Tapia sirvió de intermediario entre contratistas, particulares y funcionarios del estado, para a cambio de comisiones, concertar la adjudicación de contratos de malla vial y de valorización en Bogotá.

“Usted participó en el proceso de contratación de malla vial en el IDU al lado de otros particulares como el contratista Julio Gómez y el abogado Álvaro Dávila; así como funcionarios del IDU como Liliana Pardo, Inocencio Meléndez, entre otros”, le indicó el fiscal a Tapia.

Según las autoridades, al parecer, dichos encuentros fueron realizados para concretar acuerdos previos que permitieron favorecer a ciertos consorcios en la adjudicación de al menos dos contratos de malla vial y siete de valorización de forma indebida.

Aunque Emilio Tapia ha negado su participación en el llamado “carrusel de la contratación”, le fueron imputados los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.