Los errores de la Fiscalía, como el que cometió con el exdiputado Sigifredo López, quien fue detenido dos meses y tuvo que ser dejado en libertad porque no se le pudo probar su presunta complicidad con el secuestro suyo y de 11 compañeros de la Asamblea del Valle, ponen en jaque las finanzas del Estado, pues las demandas por daños y perjuicios, superan los 9 BILLONES de pesos.

En un informe de la misma Fiscalía a través de su oficina jurídica, se estableció que hasta marzo de este año, se han interpuesto 12 mil 53 demandas por un valor de 26,8 billones de pesos, de los cuales 9,7 billones corresponden a las acciones judiciales por privación de la libertad.

Buena parte de los errores cometidos por la fiscalía se han atribuido a la existencia de un cartel de testigos falsos.

El ex fiscal Guillermo Mendoza corroboró este hecho.

Al efecto, señaló:

“Sabemos que hay un carrusel de testigos y que efectivamente algunos están declarando solo para obtener beneficios procesales en sus casos o a veces cosas abyectas, como beneficios económicos o venganzas personales, eso sí se sabe que existe”.

El propio Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, expresó su preocupación sobre las repetidas inconsistencias que se están presentando durante las investigaciones por parte de falsos testigos.

“Quiero declarar mi preocupación por un hecho recurrente en algunos procesos penales en la justicia colombiana donde aparecen falsos testigos, donde personas que pertenecen al proceso de justicia y paz han hecho declaraciones que no corresponden a la verdad”, precisó el fiscal.

El representante a la Cámara, Heriberto Sanabria, advirtió que no solamente se trata del caso del exdiputado Sigifredo López, pues subrayó que “en las cárceles hay cientos de personas sindicadas mas no procesadas, ni juzgadas, a las cuales la fiscalía viene dilatándoles su situación y que muy seguramente si resultan inocentes van a demandar”.

Sanabria aseguró que se debe hacer una reforma estructural al sistema de defensa del Estado y establecer un mecanismo jurídico para que las medidas de aseguramiento y detención tengan un verdadero soporte probatorio.

Finalmente Sanabria afirmó que el gobierno debe considerar la posibilidad de que la Nación utilice la acción de repetición en contra del servidor público responsable para que pague solidariamente las demandas en contra del Estado.