Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, padres del menor insisten en que ha habido manipulación de las pruebas; anuncian la creación de una fundación para ayudar a víctimas del Estado

Un expediente de 600 páginas donde se pretende aclarar el caso por posible homicidio agravado se convirtió en el centro de atención de la ciudadanía

A las 10:30 de la noche de hoy hace un año, un patrullero de la Policía llamado Wílmer Alarcón disparó por la espalda en una esquina de la calle 116A con 71A, en el norte de la ciudad.

Ese día, Diego Felipe y tres de sus amigos alcanzaron a pintar 18 grafitis sobre la Avenida Boyacá. Alarcón tenía apenas ocho años más que él.

En estos doces meses han sufrido el maltrato a la dignidad de Diego Felipe Becerra Lizarazo, el traslado del caso por homicidio a la justicia penal militar (el cual posteriormente regresó a la Fiscalía General), el encuentro cara a cara con Wílmer Alarcón durante la audiencia de imputación de cargos y, ahora, todo el proceso en el que se han atrevido a pedir investigación a la Policía por posible manipulación de las pruebas y alteración de la escena del crimen.

Uno de los capítulos que más polémica han generado en la triste historia del grafiterito de 16 años que fue muerto a manos de un patrullero de la Policía es el señalamiento de la abogada de la familia de la víctima, llamada Miriam Pachón, en el sentido de que en el caso presuntamente se habría cometido manipulación de las pruebas y alteración de la escena del crimen. Puntualmente, la jurista ha responsabilizado al entonces comandante de la Policía Metropolitana, general Francisco Patiño, de haber supuestamente convencido al conductor de la buseta atracada el día anterior a la muerte de Diego Felipe Becerra de declarar en contra del muchacho.