La Comunidad Andina de Nacionales (CAN) aprobó decisión para enfrentar minería ilegal. Experiencias de Ecuador, Perú y Brasil serán aplicadas en Colombia para atacar estructuras criminales que se financian con los recursos provenientes de este ilícito.

La CAN, organismo multilateral de la Región Andina, aprobó una decisión que permite a sus Estados integrantes, por vía administrativa, destruir la maquinaria y los elementos que sean empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, reveló hoy el Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya, durante una sesión de twitcam del Ministerio de Defensa Nacional.

“Ante la efectividad de la Fuerza Pública para debilitar el negocio del narcotráfico en el país, una de las nuevas fuentes de financiamiento que han encontrado los criminales es el negocio de la minería ilegal y esta decisión que hemos tomado a nivel Andino nos abre la posibilidad para tener a nivel nacional una importante herramienta para combatir este flagelo”, señaló el Viceministro Bedoya.

Según el alto funcionario, las sanas relaciones en el Sector Defensa con países vecinos, especialmente Brasil, Ecuador y Perú, han permitido encontrar caminos para combatir la minería ilegal y por eso Colombia aprovechará el conocimiento que tienen esas naciones para enfrentar esta nueva fuente de financiamiento para el crimen transnacional.

“Perú y Ecuador, que han tenido que combatir con este delito tiene unas medidas, que si bien no se adecuan a la legislación colombiana, sirven de inicio para desarrollar en nuestro país una estrategia que nos permita expedir el paquete de medidas, que contribuya a que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional combatan muy efectivamente el fenómeno de la minería ilegal”, concluyó el Viceministro Bedoya.

Como parte del plan de trabajo de los países de la región para enfrentar este delito, en Ecuador se realizó hace unas semanas un seminario de intercambio de información sobre la maquinaria que se mueve entre los países, los explosivos que se emplean en la minería y los diferentes trabajos del sector privado en este ramo, con el objetivo de combatir esta fuente de financiamiento del terrorismo.