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La Defensoría del Pueblo mostró preocupación por el costo que tendría que pagar el Estado si la Corte Suprema de Justicia falla a favor de las demandas que han interpuesto en su contra las personas que son preventivamente y luego recuperan su libertad porque no son condenadas.

Según Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, dicha apelaciones judiciales le pueden significar al Estado cerca de 300 billones de pesos.

“Hay procesos por cerca de 200 o 300 billones de pesos por fallas de la Fiscalía, referentes a personas que fueron privadas de la libertad y después demandaron al Estado”, precisó Otálora.

El Defensor, además, le pidió al Congreso que revise los proyectos de ley que buscan aumentar las penas de cárcel por algunos delitos, en la medida en que varios de ellos pueden contribuir a que aumente el hacinamiento en el país.

“Hay 7.412 solicitudes de libertad sin contestar”, advirtió Otálora, quien puso como ejemplo el proyecto para aumentar las penas a conductores borrachos.