El Ministerio de Justicia instaló este viernes el nuevo órgano que asesorará al Consejo Superior de Política Criminal y a las autoridades penitenciarias en materia de política penitenciaria y carcelaria, precisó la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, al plantear que así lo demandan las actuales condiciones de reclusión que han evidenciado graves falencias respecto a la prestación de todos los servicios que las personas privadas de la libertad deben obtener.

Durante la instalación de la Comisión de Seguimiento, la Doctora Correa destacó las funciones que cumplirán sus integrantes, entre las que se destacan:

1. Evaluar y estudiar la normatividad existente en materia penitenciaria y carcelaria.
2. Realizar visitas in situ a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.
3. Elaborar informes periódicos sobre el estado de las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario y de los establecimientos penitenciarios, con especial atención a la garantía de los derechos fundamentales de la población reclusa. Estos informes se harán anualmente y se presentarán al Gobierno Nacional.
4. Monitorear de manera continua y permanente el estado de hacinamiento del sistema penitenciario y carcelario y de cada uno de los establecimientos penitenciarios que lo conforman. Con este fin, el INPEC entregará informes diarios sobre el número de personas detenidas en los establecimientos penitenciarios, el grado de hacimiento en cada uno de ellos y el grado de hacinamiento del sistema en su conjunto.

La Comisión de Seguimiento deberá rendir informes mensuales y cada seis meses presentará un documento con recomendaciones sobre el sistema penitenciario y carcelario al Consejo.

Esta Comisión de Seguimiento estará integrada por:
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien la preside.
Un delegado del Ministerio de Salud y Protección Social.
Un delegado del Ministerio de Educación Nacional.

Dos expertos o miembros de organizaciones no gubernamentales.
Dos académicos con experiencia reconocida en prisiones o en la defensa de los Derechos Humanos de la población reclusa.
Dos ex magistrados de las Altas Cortes.
Un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad delegado por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.
Un delegado de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.