La Registraduría Nacional del Estado Civil envió a la Procuraduría General de la Nación los procesos que adelanta internamente la Oficina de Control Disciplinario en contra de los funcionarios presuntamente implicados “por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, relacionados con intento de fraude electoral” en las elecciones de gobernador del Valle del Cauca.

En su calidad de víctima dentro del proceso, la Registraduría espera que todas las investigaciones que adelantan las autoridades permitan esclarecer cuál era el alcance de las actividades de las personas investigadas.

De igual manera, la Registraduría está atenta a los requerimientos de los organismos y está dispuesta a brindar todo el apoyo necesario.

“Confiamos en que las autoridades investiguen a fondo, para aclarar qué era lo que presuntamente pretendían estas personas y cuya actuación particular afecta a la Entidad”, manifestó el Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres.

El Registrador señaló además que a los detenidos se les ha acusado del presunto delito de cohecho, lo que significa pedir dinero o recibirlo a cambio de realizar una actividad especial.

“La Registraduría busca es que si los detenidos se pusieron a prometer un fraude electoral, respondan por esa anomalía porque la Registraduría se vio perjudicada y por eso se constituyó como víctima dentro del proceso”.

El Registrador Nacional manifestó que confía en que las investigaciones que adelante la Oficina de Control Disciplinario avancen con celeridad y permitan dar claridad a la Entidad y a la ciudadanía en general.

“La Registraduría ha tomado todas las medidas que están a su alcance para blindar los procesos electorales y romper la cadena del fraude electoral en sus distintas etapas. Desde el punto de vista técnico, con la publicación de los formularios E-14 suscritos por los jurados en la página web y la velocidad con la que entregamos los datos de preconteo, es prácticamente imposible alterar los resultados electorales. Por eso confiamos en que las autoridades investiguen a fondo, para que nos expliquen detalladamente qué era lo que presuntamente pretendían estas personas, con el fin de en el futuro evitarlo y tomar de ser el caso los correctivos necesarios”, señaló.

Finalmente señaló que “es importante para el bienestar de la democracia y en especial de la Entidad, que cuenta con una planta de cerca de 3.100 funcionarios y que en época electoral alcanza los 10.000, que estas situaciones se aclaren lo más pronto posible y que los funcionarios que resulten involucrados sean sancionados y se aparte la duda sobre quienes desarrollan de manera correcta sus funciones”.

Actualmente la Oficina de Control Disciplinario de la Entidad adelanta una investigación disciplinaria “por la supuesta comisión de faltas disciplinarias que tienen que ver con presuntos delitos contra la administración pública, relacionados con intento de fraude electoral en las elecciones de gobernador del Valle del Cauca” en contra de los servidores públicos Adriana Lucía Castro Guzmán, José Francisco Angulo Jaimes y Alina Martínez Castro. De igual manera se inicia investigación contra Ana Lucía Beltrán Ortiz, capturada el día 23 de septiembre dentro del mismo proceso.

Ana Lucía Beltrán Ortiz se vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 19 de septiembre de 1990 desempeñando los cargos de ayudante de oficina, auxiliar administrativo, secretario y en la actualidad está nombrada en cargo de Auxiliar Administrativo de la planta Global sede central, encargada desde enero de 2009 como secretario ejecutivo.

El Registrador Nacional indicó además que no se puede descartar complicidad de funcionarios de la Registraduría en presuntos delitos electorales. Sin embargo, la Registraduría además de realizar investigaciones disciplinarias, en los casos que corresponda, por presuntos delitos electorales, ha generado procesos de transparencia en el manejo de la información electoral el día de las elecciones.

Ha buscado que el escrutinio se realice ese mismo día, ha depurado la base de datos del censo electoral, se escanean las actas resultado de los jurados de votación, cosa que la suplantación producto de bases de datos desactualizadas y la alteración de bases de datos, los dos principales fraudes que nos mostraron los mapas de riesgo en el año 2009, no se produzcan más.