El Juzgado 23 Administrativo de Bogotá admitió la acción popular contra el contrato que le permite a Cerro Matoso explotar las minas hasta el año 2029. Los demandantes pretenden que la justicia ordene al Ministerio de Minas demandar la nulidad del contrato y que se suspendan las cláusulas que extendieron las concesiones hasta el año 2029, con la posibilidad de prorrogarlas hasta el 2044.

La acción popular fue interpuesta por los congresistas Maritza Martínez (Partido de U);Nora García Burgos (Conservador); Daira Galvis (Cambio Radical); Bernardo Miguel Elías Vidal (Partido de la U); José David Name (Partido de la U); Felix Valera (Partido Verde), Milton Rodríguez (Partido de la U); Jorge Enrique Robledo PDA) y Eugenio Prieto (Liberal) y los representantes David Bargüil (Conservador) y Rafael Antonio Madrid (Liberal); y el académico Álvaro Pardo y Mario Valencia, de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Trasnacional.

Los demandantes alegan que el contrato es ilegal, porque las normas vigentes en el momento de su celebración no permitían que las concesiones mineras se extendieran por más de 30 años, término que se venció el pasado 30 de septiembre.

Además, alegan que el contrato lesiona el patrimonio público, pues en él se pactó que por el arrendamiento de unos activos que están valorados en 1,3 billones de pesos, Cerro Matoso pagaría un canon equivalente al 1,25% de sus utilidades netas. Si se tienen en cuenta las utilidades de los últimos años, el canon equivaldría a 140 millones de pesos mensuales, tan solo el 0,13% del valor de los activos, muy por debajo del rendimiento del arrendamiento en el mercado inmobiliario, que está entre el 5 y el 10% del valor de los inmuebles.

“Es como si un propietario de una vivienda avaluada en 1.400 millones de pesos, la arriende al mes por 146.832 pesos”, señala la acción popular.

Los demandados deberán contestar la demanda dentro los diez días siguientes desde la fecha en que sean notificados. Cualquier ciudadano que quiera coadyudar la acción popular puede radicar un escrito en el Juzgado Administrativo 23 de Bogotá, en el que manifieste las razones por las cuales la juez debe darles la razón a los demandantes.