Al revisar los expedientes de las adjudicaciones de baldíos que recibe para notificación la Procuraduría General de la Nación, provenientes de la Dirección Territorial Antioquia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), este Organismo de Control ha evidenciado presuntas irregularidades como adjudicaciones para casas de veraneo o locales comerciales, entrega de tierras que superan las extensiones permitidas (Unidades Agrícolas Familiares), y beneficiarios con 8, 10, 13 o más propiedades urbanas y rurales.

Llama la atención de este organismo de control que no obstante que la Ley 160 de 1994 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino” tiene como objeto dotar de tierra a los campesinos de escasos recursos, la Dirección Territorial Antioquia del Incoder ha realizado adjudicaciones a ciudadanos que al parecer no ostentan estas calidades, y para fines diferentes a los que la ley prevé.

Las presuntas irregularidades evidenciadas en cerca del 95% de los expedientes revisados se han puesto en conocimiento del Instituto a través de los recursos de reposición que interpone la Procuraduría General de la Nación, y en reuniones sostenidas con funcionarios del nivel central del Incoder. Actualmente reposan en la Procuraduría Agraria de Antioquia cerca de 1.000 expedientes con recursos desde el año 2008 que no se respondieron. Cuando se ha recibido respuesta a los recursos interpuestos por el Ministerio Público, el Incoder los ha rechazado sin argumento legal alguno, haciendo caso omiso a lo señalado y dejando intacta la adjudicación.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha ordenando investigar disciplinariamente a los funcionarios implicados, para lo cual designará a un funcionario especial en la ciudad de Bogotá.