Nacional Política

Fuero Militar pasó su sexto debate en Cámara y se perfila como ley de la República

Con 97 votos a favor fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de Reforma la Justicia Penal Militar, al proyecto de Acto Legislativo le faltan los dos últimos debates en la Comisión Primera y la Plenaria del Senado de la República.

Tras la votación en Cámara, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó que “la Fuerza Pública necesita contar con un marco jurídico claro y estable que permita a quienes planean y a quienes ejecutan las operaciones, tener claridad a cerca de los alcances y de los límites que puede y debe tener cada una de las operaciones a desarrollar”.

El Acto Legislativo aprobado asegura que los operadores de justicia tengan la claridad sobre su competencia y sobre los criterios a utilizar en el momento en que se requiera el juzgamiento de determinada operación y define claramente las competencias de la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Incluso describe de manera explicita aquellas conductas que por su gravedad serán en todos los casos juzgados por la justicia ordinaria. Estas son: genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada.

En cuanto a los “falsos positivos” y para los delitos que no hagan parte del servicio, establece que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación los revisarán caso por caso y de manera conjunta para determinar si conforme al derecho van a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria. Casos aislados como el ocurrido en Soacha, deberá ir a la justicia ordinaria.

Pinzón sostuvo que “El país puede tener la tranquilidad de que estas reformas lo único que logran es fortalecer el sistema de administración de justicia y que lejos de promover impunidad, lo que hace es cerrar brechas y definir con claridad zonas grises que en la actualidad llevan a confusiones”.

Para el Ministerio de Defensa con la aprobación de este Proyecto la Cámara de Representantes ha reconocido el derecho legítimo de soldados y policías a contar con una defensa técnica especializada que brinde las garantías necesarias para un juicio justo y ajustado a los criterios de evaluación operacional.