La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aseguró que ese cese de actividades que adelanta Asonal Judicial hace ocho días es ilegal, y declaró que “el Gobierno Nacional no acepta, ni aceptará un cese de actividades que es abiertamente ilegal, dado a que el servicio público es esencial”.

La Ministra instó a los empleados de la rama judicial para que retomen sus actividades y normalicen “el servicio público al que tienen derechos todos los colombianos”.

Correa agregó que a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno, Asonal Judicial insiste en impedir la prestación del servicio judicial.

La jefe de la cartera de la justicia aseguró que el Gobierno presentó una propuesta en la que se reconoce el derecho a la nivelación salarial establecido en la Ley 4 de 1992.

Este es el comunicado del ministerio de Justicia

1. Desde el pasado 11 de octubre fue declarado un cese ilegal de actividades por parte de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Rama Judicial, orientado a reclamar una nivelación salarial.

2. Con el propósito de encontrar un consenso sobre el sistema de remuneración de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Rama Judicial, fue planteada una propuesta por parte del Gobierno Nacional, que partió del reconocimiento del derecho a una nivelación salarial en los términos de la Ley 4º de 1992, la cual empezaría en el año 2013. Propuesta que fue aceptada por el Congreso de la República al aprobar el presupuesto para la vigencia 2013.

3. Dicha propuesta fue presentada a los representantes de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación y fue evidente el beneplácito de tales representantes con el esfuerzo y la voluntad del Gobierno para escuchar inquietudes y estructurar fórmulas de solución.

4. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, es lamentable que las diferencias entre los representantes de ASONAL hayan impedido que la prestación del servicio esencial de Justicia volviera a la normalidad.

5. El Gobierno Nacional no acepta ni aceptará un cese de actividades que es abiertamente ilegal, dado el servicio público esencial que compromete, como en anterior oportunidad lo declaró la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Laboral.

6. Se insta a todos los trabajadores, empleados y funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación a retomar sus actividades y normalizar el servicio público al que tienen derecho los colombianos.

7. El Gobierno Nacional procederá a solicitar la declaratoria de ilegalidad de este cese de actividades y llevará los efectos de esta declaratoria hasta las consecuencias que legalmente deban proceder.

Bogotá, 19 de octubre de 2012.