Diego Ardila, contralor de Bogotá, en diálogo con Radio Santa Fe, se manifestó sobre el decreto 1421 de 1993, estatuto de Bogotá, donde se expresa que “se le reserva única y exclusivamente al Concejo de Bogotá” la ampliación de la planta de personal de la Empresa de Acueducto.

Según el Contralor Distrital, en la ciudad “se amplió en 122 cargos a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos” en el ultimo año, pero a la vez “se le resta la función de coordinar y vigilar la prestación de la recolección, barrido y limpieza de desechos sólidos”.

“No entendemos, como por un lado, se le adiciona a la planta pero por el otro, se está quitando funciones de gran importancia a la función principal”, ya que “las funciones de Uaesp son las basuras, los cementerios y el alumbrado”, representando la primera el 80 por ciento de los servicios que ofrece la Entidad.

Con respecto a este tema, la concejal María Victoria Vargas puntualizó que “la Empresa de Acueducto no tenía competencia para tomar decisiones sin pasar por la Corporación. No es posible jurídicamente efectuar cualquier tipo de modificación al objeto social de la Empresa por cuanto dicha facultad es del Concejo de la ciudad. El Acueducto asumió el manejo de los temas relacionados con el aseo sin tener competencias legales para hacerlo, actuaciones que constituyen una ilegalidad a todas luces”.

Escrito por Juan Sebastián Obando Sastre