La Corte fue clara al resolver en su Sentencia 666 de 2010 que las corridas de toros podrían seguirse haciendo, pero eliminando o morigerando las conductas especialmente crueles contra los animales. Ahora, con este nuevo fallo, se pronuncia sobre la prohibición, pero no afecta la decisión del Gobierno de Bogotá de no prestar La Santamaría para espectáculos de sangre y muerte”, afirmo el Concejal Ambientalista Roberto Sáenz.

El concejal reiteró que no comprende la insistencia de grupos económicos en promover rituales de muerte y que no es cierto que el Concejo de Bogotá apoye estos espectáculos. Por el contrario, recordó que en el Cabildo son 22 los concejales que integran la Bancada Animalista llamada a defender el derecho de los animales al bienestar.

Frente a la afirmación de los empresarios taurinos con relación a que Petro tendría que prestar La Santamaría nuevamente para las corridas de toros, Sáenz insistió en que aún no se conoce el fallo en su extensión, y aun así, en lo dicho por los medios no se hace referencia a esta supuesta obligación; de hecho, la Sentencias de la Corte no son retroactivas.

Sáenz llamó a la Corte a hacer pedagogía para explicar de qué manera las autoridades municipales deberán exigir a los taurinos la adecuación de su espectáculo a la Sentencia 666 de 2010. “Si ya no son los alcaldes ¿Cuál será la autoridad llamada a exigir que se elimine o morigere el sufrimiento de los animales en las corridas de toros y se cumplan las otras condiciones de la Sentencia?”, interrogó Sáenz.

Finalmente, recordó que si algo ha hecho el Gobierno de manera decidida es acatar las decisiones de la Corte. “Así quedó demostrado en el Plan de Desarrollo, proyecto Bogotá Humana con la Fauna, que ordena: “hacer exigible el cumplimiento de las condiciones definidas en la sentencia C-666 de 2010, para los espectáculos contenidos en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989”, es decir, corridas de toros y peleas de gallos, entre otros.