La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, solicitó declarar la ilegalidad del paro judicial promovido por Asonal Judicial y el sindicato de la Fiscalía General, invocando que se trata de un servicio público considerado como esencial, de acuerdo con la legislación vigente.

La demanda fue presentada por la Contralora General ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral.

En su argumentación, la Contraloría General de la República dice que se encuentra legitimada para dar inicio a este proceso, toda vez que la Nación, respecto de quien en este asunto ejerce la representación como empleadora de los miembros de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra en grave riesgo de resultar afectada patrimonialmente por las consecuencias propias del cese de actividades adelantado por los funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía General.

El paro de los funcionarios de la rama judicial y de la Fiscalía se inició el 11 de octubre y afecta parcialmente a las distintas regiones del país.

En su demanda la Contralora Sandra Morelli Rico pide que se declare la ilegalidad del paro de conformidad con el artículo 56 de la Constitución Política y el numeral 1. del Articulo 450 del Código Sustantivo del Trabajo

Igualmente pretende que se prevenga a los funcionarios de la rama judicial y de la Fiscalía para que reanuden las actividades en cada uno de los despachos judiciales y de la Fiscalía, en los que se adelanta el cese de actividades.

Así mismo, que se ordene la constitución de una comisión de verificación de la reanudación de actividades en los diferentes despachos judiciales, la cual debe presentar al tribunal de conocimiento, un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio público.

La Constitución Nacional, el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000 y el artículo 125 de la Ley 1474 de 2011 otorgan competencia a la Contraloría General de la República para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, gestión que con ocasión del paro judicial actual se ha visto seriamente afectada, toda vez que tal situación ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público.