Nuevas marchas realizarán hoy en Bogotá los empleados y funcionarios de la rama judicial, en la continuación del paro indefinido que ya completa 24 días y que ha paralizado más de 600 mil procesos judiciales, además de cientos de miles de diligencias judiciales.

Las movilizaciones se organizaron tras fracasar la nueva negociación que se realizó el miércoles, hecho que además tuvo ayer un nuevo detonante con la decisión de la Contralora General de la República Sandra Morelli de pedir que se declare ilegal el paro judicial por considerar que se trata de un servicio público esencial.

Los directivos de Asonal-Judicial reaccionaron enérgicamente contra la medida y además notificaron que no volverán a sentarse a dialogar con la Ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, y que solo lo harán directamente con el presidente de la república Juan Manuel Santos.

En efecto, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, presentó una demanda ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, para que se declare ilegal el paro judicial.

Mientras tanto, la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que no se pagarán los días que han dejado de laborar a los funcionarios y empleados judiciales que han participado en el cese de actividades.

En cuanto a la demanda de ilegalidad, la Contralora advirtió que la Constitución Nacional la faculta para tomar este tipo de medidas en desarrollo de la vigilancia que debe ejercer sobre la gestión fiscal de la administración pública y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación.

Al efecto, subrayó que con ocasión del paro judicial se han generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público, el cual, añadió, se encuentra en grave riesgo de resultar afectado por las consecuencias propias del cese de actividades adelantado por los funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía General.

La contralora pidió integrar una comisión de verificación de la reanudación de actividades en los diferentes despachos judiciales, la cual debe presentar al tribunal de conocimiento, un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio público.