El Consejo de Estado falló a favor de los afectados del derrumbe del relleno de Doña Juana ocurrido el 26 de septiembre de 1997, obligando al Distrito a indemnizarlos con una suma que asciende a los 227 mil millones de pesos.

De acuerdo con el magistrado Enrique Gil Botero se halló una falla en el servicio, por parte de la empresa contratista Prosantana, relacionada con una mayor atención y supervisión de la administración distrital al sistema bajo el cual operaba el relleno sanitario.

“A medida que la empresa (contratista) PROSANTANA ejecutaba el contrato fue necesaria la incorporación de modificaciones, puesto que se evidenciaron comportamientos anormales como fisuras y movimientos de los taludes. Cuando se presentó el derrumbe el operador ya llevaba prestando el servicio aproximadamente tres años, de allí que no resulta admisible que no se hubieran adelantado acciones dirigidas a determinar la causa de las irregularidades presentadas y tratar de eliminarlas”, se reseña en la sentencia.

Y añade que “la alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran significativamente, afectándose el derecho a la recreación y a la libre utilización del tiempo libre, pues las opciones mientras duró la fetidez en el olor eran las de evitar salir de las casas o buscar lugares apartados al lugar de residencia”.

A partir de la fecha, el Distrito tendrá 10 días para entregar la indemnización al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, que será el encargado de pagarle a los afectados.

Por el deslizamiento, un millón doscientas mil toneladas de basura cubrieron dos colinas, 15 hectáreas de terreno y contaminaron el río Tunjuelo, ocasionando múltiples alteraciones en la salud de la comunidad aledaña.