La Veedora Distrital, Adriana Córdoba pidió a la Administración Distrital y al Concejo de Bogotá considerar el servicio de aseo como sistema integral de servicio público y como mecanismo de inclusión. Así mismo, pidió preservar la solidez y la estabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La Veedora señaló que la calificadora de riesgos Fitch, que adjudicó a la EAAB una calificación triple AAA, considera que esta calificación se pondría en riesgo “si se incurre en inversiones adicionales para poner en marcha nuevas unidades de negocio, creando necesidades de deuda superiores a las estimadas… o se debilita su generación de efectivo, por incremento en la estructura de costos o deterioro en facturación”.

Frente a la ampliación del objeto social para incluir aseo por parte de la EAAB, la Veedora Distrital llamó la atención sobre la alerta mencionada por la calificadora de riesgos, que indicó al respecto que “le preocupa la celeridad en las inversiones para adecuar la unidad de negocio, así como la curva de aprendizaje que se debe recorrer para ganar eficiencia”.

De igual manera, Adriana Córdoba señaló que cualquier decisión de la administración en materia de servicio público de aseo debe valorar las consecuencias e implicaciones para las siguientes tres dimensiones del saneamiento básico de aseo: como sistema, como servicio público y como mecanismo de inclusión.

Esto quiere decir, en primer lugar se debe garantizar a los 8 millones de personas que viven en Bogotá un sistema integral de aseo: desde la generación de los residuos hasta su eliminación y aprovechamiento. En segundo lugar, la administración debe garantizar el servicio público domiciliario universal, calificado y eficiente, esto implica infraestructura, rutas, frecuencia y costos adecuados para llegar a los ciudadanos de todas las localidades. Y en tercer lugar, se debe considerar la dimensión de saneamiento básico como escenario de inclusión, donde se propicien acciones afirmativas del Estado Social de Derecho, para el cumplimiento de derechos de los recicladores como lo ha señalado la Corte Constitucional.

La Veeduría se compromete a propiciar escenarios de discusión técnica con diferentes actores sociales y expertos interesados y conocedores del tema. Así mismo, la veedora Adriana Córdoba señaló que trabajará con la fundación para la Construcción Cívica y Solidaria del Cambio Sistémico, CIVISOL, para verificar la inclusión de las personas que trabajan en reciclaje en condiciones de equidad en la economía formal y en el sistema de la operación de aseo en la capital, como ordena la Sentencia T-724 de 2003, el Auto 268 de 2010 y el Auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional.