La Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia T-495 de 2012 acerca de la vulneración los derechos de la educación y a la vida digna de los niños, cuando las instituciones educativas no garantizan el personal idóneo para el apoyo pedagógico de los estudiantes que presentan alguna discapacidad.

Dado que el esquema de protección constitucional de los niños en situación de discapacidad tiene manifestaciones concretas en el ámbito de la educación, el artículo 44 Constitucional lo consagra como derecho fundamental de los menores, al tiempo que establece que depende de la familia, la sociedad y el Estado, el desarrollo armónico y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Distrito debe garantizar el derecho fundamental a la educación inclusiva del estudiante en condición de discapacidad, que exige que se otorgue a todos los niños en situación de discapacidad el acceso a una educación de calidad, de cara a las necesidades propias de su particular situación, asignando un personal de apoyo pedagógico a los establecimientos educativos de acuerdo a la condición que presenten los estudiantes matriculados, conforme a lo establecido en el Decreto 366 de 2009, medida que amparará a todos los niños que se encuentren en su misma condición.

El gobierno considera necesario crear y afianzar un sistema educativo que contribuya al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria para lograrlo, urge transformar el sistema educativo para responder a la diversidad de los estudiantes, la educación inclusiva se configura como el mecanismo idóneo para lograrlo, entonces, le corresponde al Estado adoptar políticas sistemáticas que afecten todos los componentes de un sistema educativo, tales como la formación de los profesores, la financiación, la dirección y supervisión escolar, entre otros.

Países como Canadá, Argentina y la Unión Europea, han evolucionado hacia el modelo de educación inclusiva y han puesto de manifiesto planteamientos, servicios y prácticas que se hacen necesarias para ofrecer una educación inclusiva en niños que tienen discapacidad.

Teniendo en cuenta la implementación de este modelo de educación en diferentes países, se encuentra que una de las innovaciones más importantes e influyentes que los sistemas educativos han incorporado a sus políticas y prácticas, es la educación inclusiva, y en Colombia, la Corte Constitucional, cumpliendo una de las funciones encargadas por el Constituyente del 91, ha creado líneas jurisprudenciales que protegen el derecho a la educación inclusiva de los niños que tienen alguna discapacidad.

Hoy los niños con capacidades diferentes gozan de una protección constitucional reforzada, que hace efectiva la protección de sus derechos, el Estado y en general la sociedad, deben adoptar medidas de discriminación positiva a su favor, orientadas a garantizarles su integración social y el pleno disfrute de todos sus derechos.