La muerte de los dos civiles ajenos al conflicto armado se produjo en desarrollo de una operación de neutralización, con el objetivo de disminuir la capacidad de lucha, minimizar y contrarrestar a las milicias del Frente 38 y 56 de las FARC y Bacrim que se encontraban delinquiendo en la zona.
En desarrollo de la investigación, el órgano de control desvirtuó la existencia de un enfrentamiento armado como lo manifestaron los uniformados y declaró que la muerte de estos ciudadanos fue arbitraria, contraria a los deberes de protección a la vida que debe garantizar la Fuerza Pública.
Los afectados con esta decisión son los entonces subteniente Didier Fernando Irira Bonilla, sargento viceprimero James Arenas, cabo primero José Fernando Pedraza Villa y los soldados profesionales José Alberto Romero Siempira, Mauricio Cárdenas González y Leonardo Fabio Hernández Gachogoque.
Concluye el Ministerio Público que los uniformados incurrieron en infracción al Derecho Internacional Humanitario al realizar actos que culminaron con la muerte de dos civiles que no se encontraban participando directamente en las hostilidades propias del conflicto armado.
Contra esta determinación disciplinaria adoptada mediante fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.
