El Gobierno Nacional ha comunicado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en su condición de depositario del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), que denuncia dicho Tratado con efecto a partir de la fecha.

Al cumplirse más de seis décadas de su firma, menos de la mitad de los países del hemisferio son parte en este Tratado, y no es esta la primera denuncia que se hace del mismo.

La canciller María Ángela Holguín afirmó que «Colombia recibió con honda preocupación la Sentencia del 19 de noviembre de 2012 proferida por la Corte Internacional de Justicia en ejercicio de la competencia otorgada por el Pacto de Bogotá».

Y añadió que «Colombia considera que el fallo contiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada y que, no obstante, mencionar el principio de la equidad, llevó a cabo una delimitación inequitativa».

Para el Gobierno, la mencionada sentencia debió ceñirse al derecho internacional y respetar la intangibilidad de los tratados en cuanto acuerdo de voluntades válidos y vinculantes.

«La Corte hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que habitan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconoció la importancia vital del acceso a los recursos naturales, dio la espalda a los imperativos del manejo ambiental equilibrado en esta sensible área del Caribe occidental», dijo Holguín..

Estas líneas trazadas por la Corte, que para ella (CIJ) son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para habitantes del archipiélago, «la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento», se lee en la denuncia enviada a la OEA.

Estados respetuosos del derecho internacional, pero en desacuerdo con someter asuntos que comprometen su soberanía y sus derechos marítimos a la decisión de tribunales internacionales, no han otorgado competencia a la Corte para decidir sobre sus derechos marítimos ni sobre la definición de sus fronteras. Esos Estados, como Colombia, consideran que los tratados y no los fallos judiciales son el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones.

Colombia sigue vinculada a sus obligaciones internacionales en materia de solución pacífica de controversias de conformidad con otros acuerdos internacionales, los que de ninguna manera se verán afectados por la denuncia que se ha comunicado.