Por Mauricio Botero Caicedo

Haciendo óbice de algunas maniobras y prácticas poco ortodoxas por parte del Grupo Interbolsa, todo parece indicar que el principio del fin del Grupo fue una ‘avivatada’: el intento de compra de Fabricato por ‘dos pesos’, para luego revender a un incauto la totalidad de la empresa o parte de sus activos inmobiliarios por ‘diez pesos’. Pero en aras de la justicia se debe decir que en Colombia este tipo de ‘avivatadas’ tiene un largo y consumado abolengo. Es más, a aquellos que las operaciones no les estallan en la cara, navegan en las más altas esferas de la sociedad. Lo que diferencia a Interbolsa de los otros ‘avivatos’ es el no haber tenido un comprador al borde de concretar el negocio, un ‘burro amarrado’ como se dice coloquialmente. (Todo apunta a que el ‘burro’ estaba palabreado, más no ‘amarrado’). Lo que identifica a Interbolsa con sus antecesores es que casi siempre se maneja ‘información privilegiada’, lo cual en la mayoría de los países es un grave delito que lleva a los actores involucrados a pernoctar varios años en la cárcel.

Cuando la liquidez de Interbolsa empezó a flaquear, en vez de tomar el ‘toro por los cachos’ y en unísono con las autoridades enfrentar el problema que se les venía encima, los administradores (con o sin la anuencia de la Junta y de los propietarios) empezaron a tomar mediadas desesperadas. Es muy posible que sean precisamente estas medidas, medidas que no siempre encajaron en el código penal, las que tengan seriamente comprometidos a los administradores, directivos, y propietarios. De acuerdo con la denuncia presentada por el abogado que representa a los inversionistas del fondo Premium en Curazao: “Los delitos por los cuales deberán responder (los administradores de dicho fondo) son concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de títulos en la bolsa, operaciones no autorizadas, estafa y abuso de confianza”.

Interbolsa es y ha sido víctima del abuso de la ‘justicia mediática’, y es natural que se acuda a los abogados (algunos de ellos de una mediocridad inconcebible) que litigan es en los medios para negociar el cese de hostilidades. La ‘Justicia Mediática’ (aquella que de manera sistemática aplican ciertos programas radiales y uno que otro diario) no tiene mayores implicaciones aparte de destruir la reputación de las personas y como es de público conocimiento, las empresas y personas cuyo bolsillo sea lo suficientemente hondo para pagar la ‘pauta’ de rescate, nada deben temer de estos medios. Y hasta donde es de conocimiento de este columnista, en Colombia quien acusa son los fiscales; y quien absuelve o condena son los jueces de la República. Siendo que los administradores y propietarios del Grupo Interbolsa enfrentan serios problemas penales, cambiarios, y fiscales y quienes los van a condenar o absolver van a ser los jueces de la República, no los medios, lo que van a necesitar es un equipo de abogados que sepa litigar es ante la justicia ordinaria, no ante los ‘justicia mediática’.