Tras un acalorado debate, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que atribuye facultades extraordinarias pro tempore al presidente Juan Manuel Santos con el fin de reformar la Fiscalía General de la Nación.

Si bien hubo consenso entre los integrantes de esta célula legislativa sobre la necesidad de modernizar al ente acusador, el debate giró en torno a la forma en que se pretende hacerlo.

Por un lado, los representantes partidarios de la iniciativa gubernamental, entre ellos está el representante a la Cámara por Putumayo Guillermo Rivera quien dijo que «la realidad de la Fiscalía, las víctimas del conflicto y la macrocriminalidad merecen hacer uso de la figura (otorgarle facultades especiales al presidente de la República)».

Rivera se preguntó cuánto tiempo se iba a tardar el Congreso discutiendo una ley sobre la nueva estructura de la Fiscalía y reiteró que desafíos como la macrocriminalidad o el acceso de las victimas a la justicia no dan espera.

En la misma línea, el representante a la Cámara por Nariño Berner Zambrano ve esta decisión como un nuevo voto de confianza. «No nos hemos arrepentido de cuando le dimos facultades especiales al presidente parta escindir ministerios (…) ¿Por qué no ahora?», señaló.

Mientras que por el otro lado están los representantes en contra de otorgarle facultades especiales al presidente. El representante a la Cámara por Meta Hugo Velásquez señaló que «el Congreso no puede desprenderse de manera facilista y a priori de su facultad constitucional», tras asegurar que la Fiscalía afronta enormes dificultades, entre ellas la crisis de credibilidad producto de errores como el caso de Sigifredo López. López, exdiputado de Valle del Cauca, fue capturado durante cerca de tres meses acusado por la Fiscalía de ser cómplice de las Farc en su propio secuestro y el de otros 11 asambleístas. Al final, el fiscal general, Eduardo Montealegre, reconoció que todo se trató de un error y pidió disculpas públicas.

«No es por vía de decreto que se moderniza un estado (…) esto pasa por el parlamento», concluyó el congresista llanero.

En igual sentido se pronunció el representante a la Cámara por Bogotá Germán Navas, para quien «el Congreso está en capacidad de tramitar proyectos de gran envergadura como éste» y añadió que le genera «desconfianza dar facultades tan amplias». El congresista capitalino recordó que en 2008 se le entregaron facultades especiales al Gobierno Nacional con los cuales liquidó el Seguro Social, si bien había un compromiso para no tocarlo.

«Lo lógico es que nos traigan un proyecto (…), se supone que ya tienen delineado lo que necesitan», concluyó Navas.

El texto aprobado en primer debate señala que se le atribuirán al presidente Santos facultades extraordinarias por el término de seis meses para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a reformar el ente acusador.

Esta reforma se centra en «modificar y definir la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación y sus servidores», así como transformar su planta de personal «creando, suprimiendo o modificando los empleos a que haya lugar».

El Fiscal Montealegre se comprometió a respetar los derechos de los trabajadores y descartó despidos, pero el representante a la Cámara por Bogotá Alfonso Prada dijo que ese era un compromiso que debía asumir el representante del gobierno.

A este debate también estaba invitada la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, autora del proyecto, quien se excusó pues debía asistir a un Consejo de Ministros celebrado en San Andrés.

Otro punto que contempla el proyecto es expedir el régimen de carrera especial de la Fiscalía y de sus entidades adscritas. Montealegre detalló que la formación de estos funcionarios precisa la creación de un nuevo establecimiento público educativo, pero que en ningún momento se pretende remplazar la labora de la universidad.

El representante a la Cámara por Norte de Santander Juan Carlos García aseguró que entre la modificaciones al proyecto está la creación de una comisión de seguimiento conformada por tres senadores y tres representes a la Cámara.

Tras su paso por la Comisión Primera, este proyecto deberá ser debatido en la plenaria de la Cámara. De ser aprobado, deberá superar otros dos debates en el Senado.