Sin resolver el conflicto de las basuras, una nueva pelea se avecina para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Este lunes 31 de diciembre vence el plazo para que la misma EAAB encare un dilema de las mismas proporciones: la retoma de las actividades comerciales y operativas del servicio de agua para la capital del país.

Las empresas privadas Aguazul y Proactiva en las cinco zonas de servicio en las que está dividida la ciudad y que ahora reasumirá la EAAB cumplían con varias funciones:

La atención de consultas, quejas o reclamos de la comunidad, el manejo de usuarios y de grandes consumidores, el mantenimiento del catastro para definir los parámetros técnicos del mismo, todo el proceso de facturación, lectura de consumos y cambio de medidores del agua, y la gestión de cartera, incluyendo todo lo relativo a cobros prejurídicos.

Desde 2003, luego de varias fases de reacomodo de la EAAB para enfrentar el reto de una ciudad con alto crecimiento poblacional, para tareas específicas en materia técnica y comercial venían operando los llamados gestores zonales. Una tercerización del servicio contratada en dos ciclos (2003-2007 y 2008-2012), que decidieron poner fin la empresa y el sindicato, con el aval de la administración de Gustavo Petro, para reasumir todas las funciones de la EAAB a partir del 1° de enero de 2013. Es decir, desde el próximo martes.

De igual modo, en tres de las zonas en las que está dividida la operación de la EAAB, las citadas Aguazul y Proactiva venían manejando las tareas de mantenimiento de las redes menores de distribución del líquido, incluyendo las reparaciones de tubos, daños en redes, búsqueda de fugas y control de pérdidas. Además, dichas empresas cumplían una labor clave para las arcas de la entidad pública: el control de pérdidas a través de conexiones ilegales, la instalación de medidores para áreas comunes o la detección de fraudes.

Todas estas labores, calificadas por la EAAB como misionales, regresan a la entidad distrital este martes.

La preocupación generalizada después de lo sucedido con el tema de las basuras: que no colapse el servicio en la ciudad.

El concejal del partido verde Antonio sanguino asegura: “La gestión comercial en manos de privados fue una decisión que se tomó hace una década para salvar al Acueducto de la quiebra. Ahora, la falta de planeación es increíble y hasta se contrató tardíamente una consultoría con la Universidad Nacional”.
Se refiere al convenio que realizó la EAAB con la Universidad Nacional para evaluar el tema de la retoma de funciones en Bogotá, que hace apenas unas semanas entregó su primer diagnóstico, dejando ver que son más los riesgos que los aciertos en el proceso.

Según el diario El Espectador, existe un informe de 250 páginas preparado por la Universidad Nacional, en el cual reconoce el escaso tiempo con que se cuenta para montar una operación comercial como la que quiere recobrar la EAAB, incluyendo adquisición de tecnología, contratos de apoyo, contratación de personal y adquisición de software, entre otros aspectos. Aunque se prevé una segunda evaluación en la medida en que avance la transición, es claro que prevalecen los riesgos sobre las certezas, pero se tiene claro que existe un modelo a seguir.

Esa directriz forma parte del programa Bogotá Humana del alcalde Gustavo Petro, quien ya puso en marcha su iniciativa para que la EAAB asuma la ejecución plena y directa de todos los procesos de operación comercial, gestión social y fortalecimiento atinentes a la entidad. Una operación que necesariamente empieza por la contratación de personal. De hecho, el pasado 6 de diciembre, la directora distrital de presupuesto, Piedad Muñoz, expidió un concepto de viabilidad para la vinculación de 1.263 trabajadores oficiales.

La idea es que en un año se puedan suplir todas las actividades que venían cumpliendo las empresas Aguazul y Proactiva. Sin embargo, después de lo sucedido con las basuras, entre quienes están involucrados en las decisiones, sin mucho ruido el debate está al rojo vivo. Una fuente consultada por este diario, que conoce a fondo el tema del agua en Bogotá, sostiene que el índice de agua no contabilizada en la ciudad puede ser del 37%. Es decir, que la tarea más compleja radica en que prevalecen los fraudes y las conexiones ilegales.

Los gestores zonales, con contratos que vencen este 31 de diciembre, sostienen que ellos han reducido ese índice y que incluso mejoraron la gestión comercial en sus áreas de trabajo, pero que la eficiencia laboral del Acueducto es muy pobre. Otra cosa piensa el presidente del sindicato del Acueducto, Nelson Castro, quien cree que si la EAAB recupera la operación plena de la empresa, el ahorro será de $30.000 millones sólo durante el primer año. Castro, acorde con las políticas del alcalde Petro, asegura que van a reducir el 85% de las quejas.

El gerente de la EAAB, Diego Bravo, consultado sobre la transición de la empresa a partir del próximo martes, observó que quienes creen que la entidad va a caer en la insolvencia financiera están equivocados, porque el ahorro va a ser de $30.000 millones. Bravo respaldó la contratación de 1.200 personas y aseguró que la retoma del agua en Bogotá no tiene reversa, “es un hecho”. Y agregó: “Es devastador saber que la empresa hoy no conoce los datos de sus clientes, el catastro de sus usuarios o sus redes”.

Consultado el concejal Carlos Vicente de Roux sobre lo que está por suceder en la Empresa de Acueducto de Bogotá, observó que el modelo de los gestores privados nunca fue la maravilla e incluso recordó que inicialmente también estuvo la empresa Aguas Capital, que pertenecía al grupo Nule, y que a raíz del escándalo del carrusel de la contratación, tuvo que ceder sus contratos a la firma Aguazul. Por eso, De Roux sostiene que las cosas van a cambiar y que, en vez del colapso, la retoma del control del agua en la capital va a aumentar los ingresos de la EAAB.

Los privados se defienden diciendo que el ingreso de personal al Acueducto significa más poder para el sindicato y más carga prestacional para la empresa.

Los críticos de la administración Petro advierten que la intervención en la EAAB puede acarrear consecuencias económicas graves a mediano plazo. Los usuarios sólo esperan que el agua fluya por los grifos.