Existe un documento falso, afirma Juan Ricardo Ortega, director de la entidad.

También anuncia una investigación contra el declarante de la importación y a quien se le pagó por hacer el trámite ante la DIAN, la agencia de aduanas Aduanamientos Importaciones y Exportaciones Ltda., en la cual figura como representante legal José Vicente Vergara Garzón.

“Me dicen que existe una factura que presentaron en el primer trámite cuando quisieron meter los camiones como bienes de capital. En nuestra opinión, ese documento es falso y se están haciendo las investigaciones contra la agencia de aduanas por haber presentado un documento que se presume falso y ellos tendrán que comprobar que no lo es”
En entrevista con El Espectador.com, confirma la existencia de una factura que la Dirección considera falsa, expedida supuestamente por la empresa exportadora panameña Capital Técnico a Aguas de Bogotá por la compra de los camiones, como si la filial del Acueducto fuera la dueña de los vehículos.
Apartes de la entrevista

En la consulta que ha hecho la DIAN no existe pago alguno ni tampoco un reembolso, luego no existe ninguna base jurídica que haga pensar que Aguas de Bogotá es dueño de esos vehículos, sino que tienen unos contratos de arrendamiento de corto plazo.
Óscar Sánchez, quien era alcalde encargado, renegoció los contratos de arrendamiento suscritos por Aguas de Bogotá y se generó uno solo a corto plazo. El levante se dio con base en la homologación ante el Ministerio de Transporte, que fue corregido; los documentos del Ministerio de Ambiente frente a los temas de ruido y aire, y el nuevo contrato de arrendamiento renegociado por Sánchez.

¿Y esa factura presuntamente falsa es entre Capital Técnico y Aguas de Bogotá?
Uno no puede hablar de un papel, porque no es base jurídica, porque es un papel de algún fulano que imprimió en un computador. No existe nada que haga pensar que esa transacción es legal. No puedo prejuzgar, pero hay una investigación en curso y puede que haya una falsedad. El levante de esos camiones se dio con base en un contrato de arrendamiento legal, que está radicado ante la DIAN, renegociado por el alcalde encargado.
Pero existe…
Sí, y hay una investigación en contra de la agencia de aduanas, que es la obligada de hacer el trámite de los interesados.