El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se defina de manera expedita la situación de la población indígena que se encuentra privada de la libertad y recordó que por tratarse de una población vulnerable debe gozar de especial protección del Estado, como lo advierte la Constitución.

Así lo advirtió durante una visita a la cárcel San Isidro de Popayán, que hace parte de una serie de visitas humanitarias que viene haciendo en las últimas semanas a los centros penitenciarios y carcelarios del país, donde se reunió con 102 indígenas privados de la libertad, entre ellos Manuel Antonio Bautista Pequi, miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quien fue capturado el pasado 4 de enero por la Policía Nacional en el municipio de Santander de Quilichao, acusado de terrorismo.

Según la versión de los líderes indígenas, al día siguiente de la detención de Bautista se presentaron enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y las personas que protestaban por la forma como se llevó a cabo la detención y por los cargos que le imputan. Allí resultaron heridas 24 personas.

Al respecto, el Defensor del Pueblo informó que le solicitará a la Fiscalía General de la Nación revisar el caso de Bautista y al Ministro del Interior analizar la forma como viene operando la jurisdicción especial indígena ante las denuncias de los reclusos por la presunta violación al debido proceso y por sentencias desproporcionadas. “Aunque es necesario respetar su cultura, hay casos en los que los cabildos condenan a un indígena que cometió un hurto a 15 años de prisión y a otro que ha cometido homicidio a solo 8 años” destacó.

Durante la visita a la cárcel de San Isidro, Otálora Gómez constató que el principal problema de dicho centro carcelario no es la congestión pero, al igual que en el resto del país, sí comparte el común denominador de la mala calidad en la prestación del servicio de salud. “Estamos valorando el Decreto 2469 de 2012 del Ministerio de Salud y que entra en vigencia en 6 meses, mientras tanto estaremos atentos de cómo se les va a garantizar la salud a los internos”, agregó.

Ahora bien, aunque el índice de hacinamiento llega a un manejable 30%, para el Defensor del Pueblo no deja de ser preocupante, por lo tanto asegura que las autoridades están a tiempo para tomar medidas que eviten niveles que atenten contra los derechos humanos de la población reclusa.

Del mismo modo, destacó que aunque los temas de hacinamiento y de la mala calidad de la salud son comunes a todos, cada centro de reclusión tiene características particulares y con problemas de derechos humanos diferentes: desde los ‘caciquismos’ que no permiten que los internos puedan ir a una cita médica hasta la mala alimentación, la falta de agua, restricción de visitas o el tema de educación, donde destacó los avances de la cárcel payanesa.

Durante su visita a la capital del Cauca, Otálora Gómez también se reunió con los dirigentes de la ACIN y aprovechó para solicitarles a los cabildos indígenas apersonarse de temas tan preocupantes como el olvido en que tienen a los miembros de sus comunidades, quienes luego cometer un delito y ser enjuiciados, son enviados a las cárceles que opera el Inpec.