El jefe del Ministerio Público mencionó que puede resultar populista el pretender desmontar unas pensiones que se consideran inequitativas de los parlamentarios y los magistrados, pero que en el fondo de lo que se trata es de dar pasos hacia el desmonte del régimen de prima media.

“El problema pensional del país no se origina por los regímenes de transición o por el monto de unas pensiones, el problema de fondo está en el interés oculto de pretender desmontar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida”, dijo el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante su intervención en la audiencia convocada por la Corte Constitucional en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.

“Si se llega a esto estaremos transitando por caminos muy riesgosos para los derechos prestacionales y pensionales de los colombianos”, aseguró el procurador.

Dijo que no se puede confundir la naturaleza del régimen de prima media que hoy se busca sacrificar para darle prevalencia al ahorro individual, por cuanto se deben advertir los enormes riesgos que se correrían al quedar al garete de los dramas y los escándalos del sector financiero.

Precisó que se debe definir si la pensión es un problema de la economía de mercado o si se asume como un derecho para proteger la vejez, la invalidez y la muerte como lo ha reiterado en sus sentencias la Corte Constitucional.

Para el procurador es urgente que el Gobierno defina una política pública de empleo decente para ampliar la cobertura del sistema y de esa manera ampliar la base de la pirámide del sistema pensional, con lo cual habrán más cotizaciones para financiarlo.

En concepto del jefe del Ministerio Público las pensiones ya causadas tienen la protección del ordenamiento jurídico porque son un derecho adquirido y sería grave para la institucionalidad que se abra la compuerta para el desconocimiento de esos derechos.

Dijo que si existen pensiones que se hayan reconocido contrariando la ley, esas situaciones se deben dirimir judicialmente, “la solución está en el ordenamiento jurídico”, resaltó.

Explicó que el problema pensional del país es estructural y se origina en la permanente rebeldía de las entidades encargadas de reconocer los derechos pensiones y destacó que la judicialización de las reclamaciones genera incrementos que se calculan en el 77 %.

En concepto del procurador las causas del problema pensional del país están asociadas en la ineficacia administrativa y en la baja cobertura que es originada por el desempleo, por el subempleo por las atípicas vinculaciones laborales, por la tercerización y la desregularización, por la falta de formalidad en la relación labora, y por la evasión en el pago de las cotizaciones.