En atención a la competencia de intervenir ante las autoridades en defensa del orden jurídico y de las garantías fundamentales, la Procuraduría General de la Nación ha adelantado varias actuaciones dentro del proceso de tutela que busca la protección de los derechos de un niño que fue víctima del conflicto armado y cuya historia es relatada en la película “Operación E”.

A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, el Ministerio Público solicitó la vinculación al proceso del Ministerio de Cultura, instancia responsable de la autorización del rodaje de la película en el territorio nacional. Asimismo, la vinculación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en razón de sus competencias legales y porque previamente (y sobre los mismos hechos) adelantó una investigación dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del niño.

La Procuraduría General de la Nación ha manifestado a la juez que los niños que son mencionados con sus nombres propios en la película, hijos del campesino que cuenta su historia en “Operación E”, deben ser terceros implicados en la acción de tutela. De igual manera ha solicitado la vinculación del campesino que, al parecer, es la persona sobre quien gira la historia de la película, con el fin de establecer si autorizó el uso de su nombre y el de sus hijos, así como la narración de su historia familiar y la presentación de su drama en “Operación E”.

Para el Ministerio Público es necesario además aclarar quién o quiénes tienen la representación de los productores extranjeros en Colombia y quién o quiénes, del mismo modo, son responsables ante las autoridades colombianas de la producción y exhibición de la película.

Las solicitudes formuladas en el proceso de tutela por la Procuraduría buscan garantizar el derecho a la defensa y la integración del contradictorio, así como evitar que en desarrollo del proceso se incurra en eventuales causales de nulidad que retarden la protección de los derechos fundamentales de las partes y la garantía del acceso a la administración de justicia de manera eficaz y oportuna.

Con base en el análisis de la información allegada dentro del proceso, el Ministerio Público rendirá en los próximos días un concepto ante la juez del caso. Hasta la fecha no ha habido pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación distintos a las intervenciones ante el juzgado.