La Procuraduría General de la Nación, expresó su preocupación ante el deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos y solicitó al Gobierno Nacional que implemente a la brevedad posible lo ordenado por la Ley 1575 de 2012 en esta materia.
El Ministerio Público señaló que se han evidenciado debilidades de coordinación y organización del sistema, y destacó que si bien el país cuenta con personal experto y altamente calificado, las debilidades de coordinación, información y financiación del sistema no permiten su eficiente y eficaz desarrollo, por tanto se requiere la inmediata implementación de las normas que sobre la materia fueron ordenadas por el legislador, las cuales están hoy en precario desarrollo.
Este organismo de control llama además la atención a gobernadores y alcaldes sobre la adecuada organización del sistema en sus regiones y la cuidadosa administración que debe darse a la sobretasa dispuesta para tal fin.
La Procuraduría hizo referencia a la situación que se registró El pasado primero de febrero con la emergencia que se registró en el municipio de Lenguazaque (Cundinamarca), por los incendios forestales iniciados el 30 de enero y que afectaron aproximadamente 30 hectáreas en las veredas Tibita y Farasia, esta última en límites con el páramo de Rabanal, de donde se abastece el acueducto municipal que surte aproximadamente a 2.500 personas.
El municipio de Lenguazaque carece de cuerpo de bomberos y había contratado este servicio con el de Ubaté, con los recursos recaudados con la sobretasa bomberil. El incendio forestal fue puesto oportunamente en conocimiento de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que a pesar de sus esfuerzos solo logró la presencia en la zona de seis miembros de la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos de Ubaté (constituido por 6 personas), 15 brigadistas de Chía y Guachetá y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, personal que resultó insuficiente para brindar atención adecuada a este incidente. Un helicóptero de la Fuerza Aérea prestó apoyo el viernes en horas de la tarde.
El Ministerio Público registró el acompañamiento de la comunidad de la región en la atención de la emergencia, pero se trataba de personas sin las herramientas, vestuario o capacitación apropiados para la intervención en este tipo de situaciones, lo que implicaba un riesgo para su salud y su vida. El sábado 2 de febrero hicieron presencia el Grupo de Atención de Emergencias de la Policía Nacional y cuatro integrantes de la Unidad de Gestión de Riesgos; a la madrugada del lunes 4 de febrero arribó el Batallón de Desastres del Ejército Nacional.
La Procuraduría se comunicó directamente con la Coordinación General del Sistema Nacional de Bomberos y ante la Dirección General de la Defensa Civil y solicitó el acompañamiento necesario para brindar las mejores garantías a la comunidad afectada, sin que se lograra la presencia efectiva de estas dos entidades. Sólo fue posible superar totalmente la emergencia por las fuertes lluvias que se registraron en la región los días domingo 3 y lunes 4 de febrero.
La situación, registrada a escasas dos horas de la capital del país, evidencia una posible omisión por parte del Estado en la prestación eficiente y eficaz del servicio público esencial de atención de incendios. La limitada capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias, además de representar un grave riesgo para todos los habitantes del territorio nacional, refleja la desarticulación del Sistema Nacional de Bomberos, por lo que la Procuraduría General de la Nación reitera el llamado perentorio a las autoridades involucradas a fin de superar las debilidades descritas.
