Durante el último año el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advirtió 46 situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes en 105 municipios de 22 departamentos del país, las cuales han sido declaradas alertas tempranas por el Ministerio del Interior.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los principios de protección y distinción consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), absteniéndose de vincular a sus filas a los menores de edad y devolviendo a sus familias a los menores que han sido reclutados.

De la misma forma, destacó que la prevención de la participación de los menores en los conflictos requiere de acciones efectivas por parte del Estado que incluye la sanción de los responsables del reclutamiento y de la utilización de esta población, las reubicación de la población amenazada a sitios seguros, garantizar acceso al sistema escolar y atención prioritaria de emergencia para las familias.

Según el monitoreo y advertencia permanente realizado por el SAT, las visitas de campo, entrevistas, reuniones y recopilación de información documental; constatan que entre los grupos armados ilegales fuente de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes están: las Farc, Los Paisas, Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Libertadores del Vichada, las Águilas Negras y Los Rastrojos.

De la misma forma, los principales departamentos donde el SAT ha identificado el riesgo por reclutamiento y utilización ilícita de menores son: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Valle del Cauca.

Actualmente, los menores son utilizados para realizar actividades bélicas o funciones de apoyo como guías, informantes, estafetas, para preparar y colocar explosivos, para servicios sexuales, y otras que ponen en riesgo su vida, integridad física y sicológica, y libertades.

Según datos del Sistema de Información del Programa Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que reporta los menores desvinculados desde 1999 hasta junio de 2012, se registran 4.935 casos de personas reclutadas y desvinculadas en todo el país, de los cuales 848 casos fueron registrados en estos cuatro departamentos y que representan el 10% del total nacional.