“La reforma pensional del gobierno de Juan Manuel Santos busca arrebatarles gran parte de sus derechos en pensiones a más de un millón de familias colombianas, que ganan más de dos salarios mínimos” (magisterio, rama judicial, entes de control, etc.), concluyó el senador Jorge Enrique Robledo. Porque muchos de quienes hoy tienen derecho a pensionarse con el 65 por ciento del sueldo promedio de los últimos diez años, se pensionarán con una reducción significativa de ese monto, dependiendo de cada caso.

El senador del Polo agregó que, “en su populismo, el gobierno presenta casi como delincuentes a quienes hoy tienen determinados derechos pensionales, cuando ellos lo único que han hecho es trabajar honradamente y cumplir con la leyes de la república en cuanto a sus aportes para pensiones”. Y Santos oculta que una parte importante del problema tiene origen en que los gobiernos se malgastaron aportes pensionales del orden de 60 billones de pesos en el 2001.

“Como era de esperarse en un gobierno tan sumiso al FMI”, dijo Robledo, la reforma de Santos/Pardo también está diseñada para profundizar el negocio de la intermediación financiera de los fondos privados de pensiones, que hoy manejan 123 billones de pesos.

Entre las falacias de la reforma está llamar “pensiones” a unos auxilios de montos bajísimos a quienes el régimen neoliberal les impide pensionarse, auxilios que en vez de financiarse con una economía que funcione mejor o con mayores impuestos a las enormes ganancias de los monopolistas nacionales y extranjeros, se los quieren cobrar a más de un millón de familias de colombianos honrados y trabajadores. Lo que se pretende es de la misma estirpe de la reforma tributaria santista, que les redujo los impuestos a los verdaderos ricos y se los aumentó al resto de los colombianos.

La reforma se resume en que Santos insiste en su objetivo de poner a casi todos los colombianos en el suelo, en tanto que en la cama repleta de privilegios solo se quedan un puñado de magnates.