El Consejo de Estado dejó en firme un laudo arbitral que obliga a la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos (UAESP) a pagar más de 15 mil millones de pesos a la sociedad Proactiva Doña Juana ESP SA, por irregularidades en el manejo del relleno sanitario.

La Sección Tercera del Alto tribunal declaró infundado el recurso de anulación que había sido interpuesto por Proactiva, administradora del relleno sanitario, por la liquidación unilateral del contrato.

La empresa pretendía que se incluyeran los efectos económicos de la liquidación del contrato en el recurso.
La Sala explicó que el tribunal de arbitramento se declaró inhibido en ese asunto porque no era competente para pronunciarse sobre dichos efectos, puesto que analizarlos implicaba el estudio de la resolución mediante la cual la UAESP liquidó unilateralmente el contrato, lo cual solo es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

«Por tal razón, la nulidad del laudo no es procedente porque existió un pronunciamiento razonado por parte del tribunal de arbitramento, en este caso, la inhibición sustentada en la falta de competencia», explicó el Consejo de Estado.