–La guerrilla de las Farc recabó nuevamente hoy en la Asamblea Nacional Constituyente y planteó para definir su convocatoria “un gran acuerdo político nacional” con partidos, movimientos políticos y organizaciones sociales, incluidas las víctimas del conflicto, la comunidad LGTBI, los militares retirados y las organizaciones guerrilleras.

Las presiones las hizo el grupo guerrillero al desglozar los puntos 8 y 9 correspondientes a las “10 propuestas mínimas” presentadas a la mesa de negociones de La Habana.

Ahora, en el tema de las garantías de participación política y social, exigen que se adopte en Colombia la “Declaración de los Derechos de los Campesinos” de la ONU, que se eliminen o se proscriban “las doctrinas contrainsurgentes y de seguridad nacional” y que se cree la circunscripción especial campesina, con el reconocimiento de los territorios campesinos.

Además reseñan que “las diversas formas de la participación social y popular, sin perjuicio de su autonomía, hará parte de la organización institucional del Estado en la forma de un cuarto poder, el PODER POPULAR. Se promoverá la veeduría y el control social y popular en todas las actuaciones del Estado, en especial en el proceso de la política pública, de la planeación, y de la presupuestación”.

En torno a la Asamblea Nacional Constituyente, en el comunicado entregado esta mañana, los negociadores de las Farc afirman que el gran acuerdo político nacional deberá darle viabilidad jurídica y política a la convocatoria, así como “definir la conformación, incluida de manera especial la participación de las fuerzas insurgentes, así como el temario, el cual debe perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener en todo caso cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales”.

Según lo afirman, “la Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación, rija el destino de la nación colombiana y la encauce hacia la mayor democratización política, económica, social y cultural”.

Además plantean otras exigencias, entre ellas, las siguientes:

-Se reconocerá y promoverá la participación política y social de otros sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI.

-Se garantizará el derecho a la protesta y la movilización social y popular. Para tal efecto se derogará toda normatividad restrictiva, especialmente la contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana

-Se propiciará la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América de los que hace parte el país, especialmente en la CELAC y la UNASUR.

Afirman que “las diversas formas de la participación social y popular, sin perjuicio de su autonomía, hará parte de la organización institucional del Estado en la forma de un cuarto poder, el PODER POPULAR. Se promoverá la veeduría y el control social y popular en todas las actuaciones del Estado, en especial en el proceso de la política pública, de la planeación, y de la presupuestación”.