Por Mauricio Botero Caicedo

Todo colombiano, que por cualquier razón tiene que acudir o enfrentar la justicia, debe que entender que, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las naciones civilizadas, ante la ley aquí, jurídicamente hablando, es un ‘minusválido’; y el único ‘derecho’ que gozan la totalidad de los colombianos – indistintamente de su género, edad, o condición social o económica – es el ‘derecho de aseguramiento’. Es decir, que lo metan a la guandoca antes de haber comprobado si es inocente o culpable.

En primer lugar entra cojo porque aquí hasta la más leve e insignificante infracción puede durar años, por no hablar de lustros, y aún décadas en resolverse. Y es obvio que dure este tiempo ya que aquellos que deberían dar ejemplo de dedicación, o sean los más altos magistrados, difícilmente trabajan 145 días de los 365 días en el año. Y si esos son los magistrados, ¿qué se puede esperar de los subalternos?. En la ley sajona hay un aforismo que reza: “Justicia demorada, justicia negada”. (Justice delayed, justice denied). Entonces si en en un tiempo prudencial la justicia no se puede impartir, la poca justicia que se imparte, cojea.

En segundo lugar, como bien lo expresó el ex – ministro Néstor Humberto Martínez en reciente conferencia durante el ‘Día del Abogado’, “Hay una carrera desenfrenada contra derechos adquiridos”. El ex – ministro alertó sobre la tendencia de algunos jueces de desconocer preceptos constitucionales que garantizan los derechos adquiridos como principios fundantes de nuestra democracia política y económica. En concreto, Martínez Neira hizo referencia a tres casos concretos: El primero es la sentencia constitucional que tumbó las llamadas “megapensiones”. (En este caso, por repugnantes que le parezcan a los ciudadanos las “megapensiones” de los magistrados y los congresistas, a aquellas que se ajustaron a ley no se puede aplicar retroactividad). La segunda es la retroactividad sobre el prepago de los créditos hipotecarios; y la tercera tiene que ver con la enajenación de los baldíos, en que algunos pretenden que la ley aplicable no es la de 1994, sino que hay que remontarse a 1961.

En fin, cuando se rompe el principio piramidal del ordenamiento jurídico en el sentido que las leyes si pueden ser retroactivas, el colombiano entra manco a la justicia ya que no sabe si lo que hizo bajo una ley puede ser legal en un futuro dado que los jueces pueden interpretar las leyes futuras como retroactivas. El país por lo tanto se convirtió en el paraíso de la ‘Incertidumbre e inseguridad jurídicas’.

Finalmente, el pobre ciudadano tiene que enfrentarse a una justicia paralela, la llamada ‘Justica Mediática’, en dónde el ‘Tribunal Supremo’ – con amplio espacio para condenar o absolver – son los periodistas que se autoerigen como jueces. Ante la ‘Justica Mediática’ no hay apelación alguna a no ser que el afectado esté dispuesto a pautar durante un tiempo indefinido comprando el silencio de los periodistas adscritos al medio que funge como ‘Tribunal’. Fuero igual al de este periodismo desenfrenado, con abogados y mal llamados ‘periodistas’ que en busca de quien ‘matonear’ o a quien ‘linchar’ no tienen límite alguno, no tuvo no siquiera ‘Torquemada’, la cabeza visible de la Inquisición. Al tener que enfrentar de manera simultánea, además de la ‘Justicia Ordinaria’ a la ‘Justicia Mediática’, el pobre ciudadano queda tuerto.

Es por las razones arriba enumeradas que afirmamos que en cuanto a la justica se refiere, los colombianos somos todos una recua de ‘minusválidos’. Y es precisamente las protuberantes fallas en la justicia lo que conlleva a que, tarde o temprano, se erosionen los cimientos de la sociedad.