–El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte de 38 soldados en un ataque perpetrado por la guerrilla de las Farc contra un destacamento militar apostado en el municipio de Gutiérrez, departamento de Cundinamarca, el 8 de julio de 1999.

El contencioso administrativo responsabilizó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional de la masacre de los uniformados, por no haber atendido una alerta temprana que se había dado sobre un inminente ataque del grupo guerrillero y en consecuencia deberán indemnizar a las familias de las víctimas mortales y heridos.

Según el fallo, el comandante de la Batería B del Batallón de Artillería de la Brigada No. 13, que se encontraba en jurisdicción del municipio de Gutiérrez, había recibido información de inteligencia sobre un posible ataque guerrillero y de inmediato le solicitó al comandante del Batallón ayuda para afrontar la situación, porque no contaba con los medios necesarios para defenderse.

La solicitud se hizo repetidamente en forma radial y escrita, pero nunca llegó.

Con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, la Sección Tercera,del Consejo de Estado encontró que los mandos superiores del Batallón de Artillería No. 13 no solo omitieron, como era su obligación, prestar el apoyo material y humano solicitado de manera oportuna y reiterada por los oficiales al mando de la Batería B, sino que además los abandonaron a su suerte en los momentos más intensos de un combate con el enemigo.

“Tal conducta que no puede ser sino calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por demás, burlona, que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la Batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero, además de colidir abiertamente con los principios de honorabilidad, responsabilidad y solidaridad, inherentes a la disciplina castrense, constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un abierto desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando”, precisó la sentencia.

Igualmente señaló: “Resulta inconcebible que oficiales del Ejército, formados y, por lo tanto, en capacidad de dirigir las tropas, defender la soberanía nacional y proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las libertades de todos los habitantes de Colombia, hayan faltado de manera tan grosera a su más elemental objetivo de escuchar las peticiones y brindar apoyo a sus subalternos, máxime cuando a éstos se les exige el cumplimiento irrestricto de las órdenes que sus superiores emitan”.