–Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en contra de 5 funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder de Medellín, dos contratistas y un particular, dentro del proceso por el escándalo de titulación irregular de tierras baldías.

La diligencia judicial, que quedó programada para el 10 de julio ante un juez de control de garantías de la capital antioqueña, tiene que ver con las posibles irregularidades detectadas en el procedimiento de titulación de baldíos y el presunto favorecimiento de particulares que no reunían los requisitos, tramitados por la territorial de Antioquia en el departamento, entre 2007 y 2011.

Durante la audiencia el fiscal a cargo de la investigación formulará imputaciones a los funcionarios Andrés Felipe Álvarez Grajales, director territorial del Incoder Medellín; Gerardo de Jesús Gil Ochoa, director territorial Incoder Medellín; Víctor Manuel Anaya Zabaleta, Francisco Horacio Ceballos Torres y Elkin Emilio Tabares; así como a los contratistas María Isabel Fernández Rodas y Alejandro Andrés Londoño Usuga y la ciudadana Blanca Libia Martínez.

La denuncia presentada por parte de la Subgerente de Tierras Rurales del Incoder puso de manifiesto irregularidades en la adjudicación de 1.500 predios baldíos en la territorial de Antioquia, tales como titulación ilegal de tierras de la Nación a favor de personas que ostentan múltiples propiedades, o que teniendo capitales millonarios se hicieron pasar como campesinos; además de titulación ilegal de extensiones de tierra que sobre pasan los límites máximos permitidos por la ley.

La investigación de la Fiscalía detectó por ejemplo que varios particulares declararon falsamente bajo la gravedad de juramento, indicando que su patrimonio no superaba los 20 millones de pesos, que no estaban obligados a declarar renta y patrimonio, que su calidad era de campesinos y que poseían los bienes baldíos como mínimo 5 años anteriores a la solicitud tal y como lo exige la ley, sin embargo la investigación encontró que los adjudicatarios son personas con un capital superior a los 4 mil millones de pesos, que están obligados a declarar renta, y que su posesión no asciende a 3 años de ocupación y explotación.

Igualmente la investigación puso de manifiesto que se hicieron levantamientos topográficos que no corresponden con la realidad, por cuanto el área solicitada en la adjudicación es mayor de la que presuntamente tiene el bien baldío; se entregaron entre los baldíos vías carreteables del municipio de San Juan de Urabá y que tampoco se realizó la inspección ocular a los terrenos objeto de titulación.