Fiscalía imputa cargos a falsas víctimas de masacre en Mapiripán que recibieron millonarias indemnizaciones
La formulación de cargos cobija a tres procesados, a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó indemnizar por supuestamente haber perdido familiares en la masacre perpetrada por las llamadas autodefensas, para lo cual, con el apoyo de un grupo de abogados, presentaron testigos falsos.
Una de las implicadas en el escandaloso fraude es Mariela Contreras, quien logró una indemnización de mil 700 millones de pesos, la más alta pagada por la Nación, y quien luego confesó haber exigido el pago sin haber tenido nada que ver con las personas asesinadas por las autodefensas.
La mujer sostuvo en principio que en la acción paramilitar había perdido a su esposo y a dos de sus hijos, pero después se retracto y dijo que nunca residió en la zona y que ni siquiera la conocía.
Hasta ahora, la fiscalía no ha establecido la identidad de las otras personas involucradas en el fraude y a las cuales imputará cargos en la audiencia que solicitó ante un juez de control de garantías de Bogotá.
La masacre de Mapiripán ocurrió entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y hoy día no se conoce con exactitud el número de víctimas.
El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano porque la matanza la ejecutaron las autodefensas con la colaboración de miembros del Ejército Nacional, según lo confesó el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso.
La masacre fue organizada en la zona de Urabá, en donde fueron preparados también los integrantes del grupo paramilitar que viajaron al Meta para ejecutarla. El objetivo era acabar con presuntos colaboradores o auxiliadores de las guerrillas.
De acuerdo con la investigación y los testimonios de Mancuso y otros desmovilizados de las AUC, una semana antes de la Masacre, llegados de Montería (Córdoba), arribaron a San José del Guaviare dos aviones llenos de pertrechos militares y otros equipos. El armamento fue guardado en un hospedaje en la ciudad de San José de Guaviare, la logística fue coordinada por el coronel Lino Sánchez, el sargento Juan Carlos Gamarra (quien pertenecía a la inteligencia militar) y el paramilitar jefe de zona apodado Rene (Luis Hernando Méndez Bedoya), también se realizaron las gestiones para conseguir los vehículos terrestres y lanchas rápidas que trasladarían a los miembros de las autodefensas al Municipio de Mapiripán, que sería la cabeza de playa para buscar el control del sur de Colombia.
El grueso de las tropas del Batallón Joaquín París se envío a Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, quedando sin ejército efectivo Mapiripán y San José de Guaviare, también fueron despachadas las reservas con base en informes falsos sobre posibles movimientos masivos de la guerrilla a esas localidades.
Ya días antes de la masacre algunos habitantes por rumores que algo serio venía, o por el conocimiento de lo que ocurriría abandonaron el Municipio, entre ellos el Alcalde Municipal, el Personero, el registrador municipal y el inspector de policía. Anteriormente, en marzo, al Alcalde municipal Jaime Calderón Moreno le efectuó la guerrilla de las FARC un “juicio popular” del cual lo encontraron inocente de los cargos que se le inculpaban, su hermano Jaime sería asesinado por paramilitares en una segunda masacre.
El día 12 de julio arribaron dos aviones, un Antonov-32 y un Douglas DC-3 con los últimos paramilitares provenientes de Apartadó y Necoclí, las aeronaves habían despegado desocupadas inicialmente de Bogotá y Medellín, estos últimos descendieron sin complicaciones a pesar de que el aeropuerto estaba controlado por el Batallón Joaquín París y la Policía Antinarcóticos, cerca de allí se reunieron con 200 paramilitares más que estaban uniformados, armados y listos para entrar a la ofensiva.
El día 13 de julio, las lanchas con algunos paramilitares fuertemente armados parten de San José de Guaviare al “Barrancon”, base de la Brigada Móvil 2 del ejército, de 3 batallones contraguerrilla, un grupo de Marina y La Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército, un sargento les dio vía libre hacia Mapiripán, por carretera (La Trocha Ganadera) otro grupo se desplazaba en camiones y vehículos todo terreno, ellos anunciaban a viva voz que eran de las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” y llegaban a la región a quedarse, los lugareños curiosos se acercaban a observarlos, la guerrilla se había retirado días atrás de la zona a una reunión interna.
El informe concluye que “durante 5 días con sus noches los habitantes estuvieron a la merced de los criminales, cinturones militares evitaban la salida, las casas eran allanadas, buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla, ya estableciendo quienes habitaban, con una “lista negra” previamente elaborada antes de la incursión, capturaban, torturaban, desmembraban, desvisceraban y degollaban a sus víctimas, muchos de los infortunados terminaron arrastrados por el caudaloso río Guaviare, así fueron eliminando las pruebas los victimarios. Las autoridades informaron que fueron asesinadas al menos 49 habitantes y cientos de personas más salieron de la población desplazadas”.
El proceso que concluyó con el pago de las millonarias indemnizaciones fue promovido el 6 de octubre de 1999, por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de la República de Colombia en la cual alegaron que entre el 15 y el 20 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de miembros del grupo paramilitar conocido como “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC) privaron de la libertad, torturaron y masacraron a aproximadamente 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos a las aguas del río Guaviare, en el municipio de Mapiripán, Departamento del Meta, con la colaboración, por acción y omisión, de miembros del Ejército Nacional colombiano”.
