El senador Jorge Enrique Robledo, envió este jueves una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la gerente del Incoder, Miriam Villegas, y al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, donde pide investigar las compras ilegales de predios hechas a campesinos del Vichada por 35 sociedades anónimas a precios irrisorios –diez, veinte millones– para vendérselos a la trasnacional Cargill a 3.000 y hasta a 4.000 millones de pesos.

Robledo insistió en señalar que el diseño de la ruta jurídica de estos negocios fue hecho por Brigard & Urrutia Abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington.

Oficina de Prensa

Senador Jorge Enrique Robledo

Adjuntamos el texto de la carta:

Bogotá, 10 de julio de 2013

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Doctora

MIRIAM VILLEGAS VILLEGAS

Gerente General del Incoder

Doctor

JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCÍA

Superintendente de Notariado y Registro

Ref.: ¿Por qué a un campesino se le adquiere ilegalmente su predio por $10 millones y a los dos meses aparece Cargill comprándolo por $3.000 millones?

Atento saludo.

Hay otros hechos de extrema gravedad sobre las actuaciones de Cargill en Colombia que deben ser investigados por las autoridades, además de la violación de la Ley 160 de 1994 de la que se valió la trasnacional para apoderarse de, por lo menos, 52 mil hectáreas de tierras campesinas de reforma agraria, ilegalidad en la que incurrió siguiendo las orientaciones de Brigard & Urrutia Abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington.

En las compras realizadas por 35 sociedades anónimas (SAS), creadas por una subsidiaria de la Cargill para ocultar la ilegal acumulación de tierras por parte de la trasnacional norteamericana, hay descomunales diferencias de precios de las tierras que son muy sospechosas, tras los cuales podría haber otros delitos. Por ejemplo, el campesino que fue despojado del predio La Perla aparece el 20 de enero de 2012 vendiéndoselo a Inversiones Puerto Bello S.A. por $10 millones y el 27 de febrero de 2012, un mes después, La Perla Vichada SAS –empresa de Cargill– se lo compra a Inversiones Puerto Bello por $2.861.760.000, ¡286 veces más de lo que se le pagó al campesino! Y esta modalidad en la que alguien le compra al campesino muy barato y le revende luego a Cargill a precios muy superiores se repite en muchos casos, como lo indican otros ejemplos:

Predio El Boralito: En un mes, su precio pasó de $10 millones a $3.094 millones.
Predio Aguazul: En un mes, su precio pasó de $10 millones a $3.100 millones.
Predio La Revancha: En dos meses, su precio pasó de $60 millones a $1.369 millones.
Predio Villa Rosenda: En 20 días, su precio pasó de $20 millones a $4.090 millones de pesos.

Predios Pato Loco, Las Lagunas y El Arbolito: El 1° de diciembre de 2007 los tres fueron adquiridos por $30 millones cada uno, para un total de $90 millones. Después de una enredada cadena de transacciones, en 2012, tres empresas de Cargill compraron los predios por $7.367 millones de pesos. El caso de estos predios llama la atención, porque la cadena de tradición de los tres inmuebles es exactamente la misma, pues no solo coinciden los compradores sino las fechas de las compraventas y los precios de las transacciones.

En los Anexos 1 y 2 encontrarán los detalles de estas transacciones y en el CD que adjunto están los certificados de libertad y tradición de 29 de estos predios, certificados que son prueba irrefutable de la violación de la Ley 160 de 1994. En el Anexo 3 podrán consultar la investigación que Oxfam hizo sobre las tierras de Cargill y los documentos que he publicado sobre este mismo tema. También va un anexo que muestra hasta la saciedad la violación de la Ley 160 de 1994 en este caso (Anexo 4).
El gobierno de Colombia debe aclarar ¿por qué hay diferencias descomunales entre los precios que Cargill dice que pagó por los predios y los que se les pagaron a los campesinos? ¿Por qué apenas pasaron un par de semanas entre el momento en que Cargill aparece comprando y el momento en que se despojó ilegalmente y a bajo precio a los campesinos de sus tierras? ¿Las sociedades que les compraron a los campesinos actuaron como testaferros de Cargill? ¿A quién pertenecen esas sociedades? ¿Los campesinos que vendieron a precios muy bajos lo hicieron voluntariamente o fueron coaccionados? ¿Cuál fue el papel de Carlos Urrutia en estos hechos sospechosos?

En consecuencia, les solicito a ustedes tomar las determinaciones legales que deben tomarse sobre este caso que escandaliza en Colombia y en el exterior (ver artículos de The Wall Street Journal y Time Magazine: http://db.tt/Z1mGrf4t y http://db.tt/VYXqcHpK), e informarme sobre ellas, de acuerdo con el artículo 258 de la Ley 5 de 1992.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Jorge Enrique Robledo
Senador
Polo Democrático Alternativo