Los militantes de la Unión Patriótica exiliados en el exterior, dieron a conocer este jueves un comunicado donde exigen la restitución de los cargos de elección popular que la extinta colectividad ostentaba al momento de su exterminio.

La petición de devolución de los cargos esta argumentada en “el derecho a la reparación política colectiva de la Unión Patriótica” y agrega que esta “implica la restitución de los cargos de elección popular que le fueron arrebatados mediante el crimen”.

La carta señala que “Quienes hemos defendido la solución del conflicto interno por la vía de la negociación política, acogemos con esperanza los diálogos, que avanzan en La Habana, entre el alzamiento en armas de las Farc y el Gobierno nacional, por la paz en Colombia, al tiempo que nos sumamos a las voces que reclaman un cese bilateral al fuego y a las hostilidades que contribuiría positivamente a aclimatar las conversaciones”.

Esta es la carta completa firmada por decenas de miembros de la UP:

UP: VIGENCIA DE UN IDEARIO POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica y quienes en Colombia ejercimos cargos de elección popular en su representación y hemos sido forzados al exilio en Suiza, Francia, Bélgica, España, Suecia, Noruega, Italia, Inglaterra, Alemania y Grecia, sobrevivientes de la horrenda persecución criminal desatada contra la UP, que ha tenido evidentes connotaciones de terrorismo de Estado por la participación inocultable de agentes estatales en su perpetración, manifestamos nuestro respaldo a las conclusiones adoptadas por el reciente III pleno nacional de la Unión Patriótica y expresamos nuestra solidaridad con la Dirección Nacional, integrada por probados luchadores populares, que preside el compañero Ómer Calderón.

La actual situación del país confirma la vigencia del ideario político de la Unión Patriótica por las transformaciones políticas, económicas y sociales, por la democracia efectiva, la solución política del conflicto interno y la paz con justicia social en Colombia.

Expresamos nuestro aliento a REINICIAR, la ONG con estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas, que ha librado una tesonera labor en la lucha contra la impunidad oficial y por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de la UP y por medidas de satisfacción, de no repetición y de restitución a la Unión Patriótica de la plenitud de sus derechos conculcados mediante el genocidio por razones políticas. Bajo su impulso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avanza en la investigación de los miles de crímenes cometidos contra la UP, para establecer la responsabilidad del Estado colombiano.

El genocidio de la Unión Patriótica permanece en la impunidad, característica del terrorismo de Estado, que encubre a los perpetradores amparados con fueros especiales y que reproduce los efectos de la “guerra sucia” desplegada contra el movimiento popular colombiano, instaurando el crimen como instrumento político y el terror como mecanismo cotidiano de control social y político, de proscripción de la disidencia y de cercenamiento de las libertades individuales y las garantías sociales.

El exterminio sistemático desatado contra la UP, para contrarrestar su enorme vocación de poder popular, puso al descubierto la carencia de voluntad política de los gobiernos de turno para garantizar a una fuerza legal de oposición su derecho a un espacio en la escena política. Un poder mezquino y arrogante ante una fuerza política en ascenso, que hizo de la lucha por la paz y el progreso social su desafío espléndido e irreductible: la lucha por los derechos de los trabajadores, por las libertades, por los derechos fundamentales y la democracia efectiva, por la proscripción del terrorismo de Estado y de la impunidad oficial, por la defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales, por la paz con justicia social y el derecho de los colombianos a vivir con dignidad. La dura brega de la UP por los cambios políticos y sociales que continúa exigiendo el pueblo colombiano.

El gobierno nacional, el alzamiento en armas y el conjunto de la sociedad colombiana deben asumir clara conciencia de que el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica, en el siniestro itinerario de la “guerra sucia” y sus desdichas innombrables, crimen de lesa humanidad que no tiene perdón ni olvido y que permanece sin castigo, no puede quedar en la impunidad ni puede repetirse si se aspira a encontrar una salida concertada al conflicto interno del país, hacia una paz justa y duradera, que permita la solución progresista de la crisis social contenida en la confrontación armada y que dé paso a una democracia efectiva y humanista.

Quienes hemos defendido la solución del conflicto interno por la vía de la negociación política, acogemos con esperanza los diálogos, que avanzan en La Habana, entre el alzamiento en armas de las FARC y el gobierno nacional, por la paz en Colombia, al tiempo que nos sumamos a las voces que reclaman un cese bilateral al fuego y a las hostilidades que contribuiría positivamente a aclimatar las conversaciones, a detener el escalamiento de la guerra y a reducir el dolor del pueblo que la padece.

El gigantesco desfile de masas que el 9 de Abril de 2013 movilizó a millones de colombianos, en formidable manifestación respaldada por muy diversos sectores sociales, políticos y de opinión, constituye una contundente demostración de apoyo a los diálogos de La Habana y deja un claro mensaje al gobierno para defender sin ambigüedades la solución política negociada como un hecho irreversible, y para enfrentar sin vacilación a los enemigos declarados y a los detractores de los diálogos de paz, que desde las fuerzas regresivas del militarismo y la reacción de la extrema derecha están empeñados en deslegitimar y bloquear.

Por el derecho a la verdad que nos asiste, consideramos que la historia fidedigna sobre el genocidio de la UP debería ser enseñada en las instituciones oficiales de educación, conforme a una publicación que cuente con el beneplácito de las víctimas y que sea editada por el Estado, para que la juventud colombiana conozca la verdad en la recuperación de la memoria histórica y comprenda que lo sucedido no puede tolerarse ni repetirse nunca más.

El derecho a la reparación política colectiva de la Unión Patriótica implica la restitución de los cargos de elección popular que le fueron arrebatados mediante el crimen.

Por la historia de la UP, la de los miles de hombres y mujeres que encarnaron la dignidad y el heroísmo de los revolucionarios, levantamos las banderas de la solidaridad y proponemos que la restitución de su personería jurídica, como acto mínimo de reparación política a la Unión Patriótica, sea puesta al servicio de todas las expresiones de convergencia democrática del pueblo colombiano, de la Causa Común a que se refiere el III Pleno Nacional, para proseguir con más fuerza y con toda su gloria.

Ginebra, Suiza, verano de 2013