El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, señaló que en 16 macroinvestigaciones aparecen los responsables de las Farc y los paramilitares, y agregó que en la mayoría de los casos que vinculan a los máximos responsables de las autodefensas y la guerrilla se lograr mejores resultados en los procesos de justicia transicional.

ontealegre, explicó que “se ha tomado una de las decisiones más importantes en toda la historia del proceso de justicia y paz en el marco de justicia transicional. La Fiscalía imputará 11.000 graves violaciones a los derechos humanos a 231 vinculados, algunos de ellos considerados como los máximos responsables”.

Es así como la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz radicó ante las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Barranquilla, y Bucaramanga las solicitudes de imputación respecto de los 16 miembros representantes y máximos responsables de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y grupos subversivos que hacen parte del proceso de Justicia y Paz (Farc y El Ejército Revolucionario Guevarista – ERG), con 231 postulados que integraron las estructuras como mandos medios, comandantes de bloque y frente, en los componentes políticos, financieros y militar, respectivamente; responsables de crímenes de sistema representados.

El Fiscal General ratificó que se trata de 16 casos, con cerca de 30 mil víctimas, por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia de género, abortos, prostitución y esclavitud sexual.

Esto significa que la Fiscalía General de la Nación ha encontrado que “en estas violaciones se cometieron delitos de lesa humanidad porque obedecieron a una política sistemática de ataques contra la población civil”. En el caso de las autodefensas, se trató de las situaciones más graves de ataques contra la población civil, afirmó Montealegre.

Después de ocho años de investigaciones, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz ha presentado ante los Tribunales de Justicia y Paz 1.003 escritos de formulación de imputación, dentro de los cuales hay 998 postulados como autores responsables de delitos como desaparición forzada, homicidio, desplazamiento forzado, casos de violencia basado en género, secuestro, hurto, reclutamiento ilícito, entre otros.

En el contexto de la Ley 975 de 2005, los fiscales han investigado 14.009 hechos, que incluyen eventos como las masacres de El Naya, El Aro, La Horqueta, Mapiripán, entre otros. Por estos sucesos se produjeron 37.387 víctimas.

Por ejemplo, a Martín Sombra, conocido como el carcelero de las Farc, se le imputará por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, desplazamientos, el secuestro como crimen de guerra, en tanto que a alias Karina se le endilgarán delitos de lesa humanidad como desaparición forzada, desplazamiento forzado, el secuestro y el reclutamiento de menores como crímenes de guerra. “Esas graves violaciones a los derechos humanos obedecían a una política sistemática y generalizada contra la población civil”, reiteró el Fiscal General.

En ese contexto se adelantan 2.626 investigaciones por el delito de desaparición forzada, que afectó de manera directa a 3.510 personas; por desplazamiento forzado de población civil están en proceso 3.333 casos en los cuales se registraron 29.673 víctimas; 2.078 casos de reclutamiento ilícito, 815 investigaciones de violencia basada en género y 2.128 casos de connotación en los que se cuentan como víctimas defensores de derechos humanos, miembros de la Unión Patriótica, periodistas, líderes sociales, políticos del nivel local, regional y nacional, servidores públicos, sindicalistas, miembros de una comunidad indígena, afrodescendientes, entre otros.

El trabajo de priorización también fue realizado por la Subunidad de Exhumaciones, que recuperó, en fosas comunes, 12 cuerpos correspondientes a la masacre de El Salado.

La Subunidad de Bienes y Víctimas aportó el patrón de despojos en Chivolo, Costa Oro y el Porro, mientras que la Subunidad de Guerrilla incluyó el patrón de secuestros como el de Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Géchem Turbay, Consuelo González de Perdomo y Gloria Polanco, entre otros.

La lista de los priorizados como máximos responsables está encabezada por Salvatore Mancuso Gómez, comandante de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y extraditado a Estados Unidos. Está recluido en el centro penitenciario de Northern Neck Regional Jail – Warsaw Virginia.