El general (r) Jaime Humberto Uscátegui fue reconocido este viernes como víctima en el marco del proceso que las autoridades adelantan contra tres personas que aceptaron hacerse pasar como víctimas de la masacre de Mapiripán.

La mencionada masacre fue perpetrada por paramilitares en julio de 1997, y el general Uscátegui fue llamado por la justicia bajo acusaciones de haber permitido el hecho de sangre, lo que generó que el militar fuera condenado en 2009 a 40 años de prisión, multa de 10 millones de pesos y una década de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el delito de coautor de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

El hijo del general en retiro, José Jaime Uscátegui aseguró que reconocer a su padre como víctima es clave para demostrar la inocencia del excomandante de la séptima Brigada del Ejército que fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 40 años de prisión por su presunto conocimiento en los hechos que rodearon esta masacre.

“Con esto se demuestra que el general Uscátegui fue víctima de una fraude procesal. Por primera vez la justicia le da trato justo de reconocer que es una víctima y no un victimario en la masacre de Mapiripán”, precisó el hijo del oficial.

Precisamente este viernes, ante la jueza 69 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos a Mariela Contreras Cruz, su hija Zuly Herrera Contreras y el esposo de ésta, Argemiro Arévalo Romero, porque al parecer se trata de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán.

Los cargos por los cuales se les investiga son fraude procesal en concurso homogéneo con estafa agravada, cargos que aceptaron. Durante la audiencia pública, el fiscal manifestó que las tres personas, usando falsas declaraciones y haciendo presentaciones ilegales de documentos, hicieron incurrir en error a un fiscal y a funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr un reconocimiento como víctimas por los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio de Mapiripán (Meta), donde un centenar de hombres de las Autodefensas incursionaron y asesinaron a por lo menos 49 personas.

El fiscal 8° manifestó que por el reconocimiento los imputados se beneficiaron con 3.343 millones 582 mil 571 pesos. Ese dinero se lo pagó el Estado colombiano tras la condena de la Corte Interamericana el 15 de septiembre de 2005.

El fiscal dijo que los tres investigados, mediante declaraciones, confirmaron que durante la incursión de las Autodefensas habían sido asesinados y desaparecidos Gustavo Caicedo Rodríguez, el esposo de Mariela Contreras, y su hijo, Diego Fernando Caycedo Contreras.

La investigación permitió establecer que estas personas no fueron asesinadas ni desaparecidas, porque ambos pertenecían a la guerrilla de las FARC y tras la desmovilización de uno de ellos se confirmó el engaño.
Mariela Contreras Cruz en la actualidad goza de una protección especial por parte de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal del caso aseguró que la investigación continúa.