Socializar ante los alcaldes del país los alcances del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, con el fin de invitarlos a trabajar de manera corresponsable en el mismo, en uno de los objetivos que se ha propuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al convocarlos a un encuentro donde expondrá los principales objetivos de la justicia restaurativa.

“Compartimos la preocupación que le asiste a los mandatarios frente al tema del aumento de delitos cometidos por menores de edad, sin embargo, los niños, niñas y adolescentes menores de catorce años no pueden ser juzgados, ni declarados responsables penalmente como lo contempla la Ley de Infancia y Adolescencia, que fue promulgada teniendo en cuenta una observación hecha en 2007 por el Comité de los Derechos del Niño, donde se le recomendó a los Estados partes no bajar la edad del sistema de judicialización de sus menores de edad”, señaló la Directora Encargada del ICBF, Adriana Gonzalez Maxcyclak.

Colombia por haberse adherido a la Convención de los Derechos del Niño está solícita a las disposiciones del Comité, por ello los menores de 14 años son protegidos por el Estado, y cuando incurren en un delito, ingresan bajo protección al ICBF donde se le aplican medidas de verificación de la garantía de sus derechos y son vinculados a procesos de educación y protección.

Así mismo, todos los países que están sujetos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los diferentes instrumentos que se derivan de ella, deben tener cuidado de no incurrir en el principio de regresividad ya que podrían ser acusados ante las Naciones Unidas por reducir las edades de judicialización de sus menores cuando ya estaban establecidas.

“Lo que debemos promover ante los alcaldes y demás integrantes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es la necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos para evitar que en un futuro, los jóvenes infractores con edades entre los 14 y 18 años, ingresen al sistema criminal”, insistió la funcionaria, quien reiteró que un adolescente que comprende y se responsabiliza del daño que su conducta le ocasionó a la víctima y a la sociedad en general, debe replantear su proyecto de vida.

El gran reto del Gobierno Nacional y de los entes territoriales no solo es pensar en cómo mejorar la atención a estos adolescentes que cometen los delitos, sino como definir unas políticas públicas mucho más fuertes en la prevención de la delincuencia juvenil, que involucre a la sociedad, el Estado y la familia.

El ICBF actualmente tiene más de 3.600 jóvenes infractores de la ley que se encuentran privados de la libertad en centros de internamiento preventivo o centros de atención especializada, sin embargo, la mayoría de delitos cometidos son tráfico o porte de estupefacientes, hurto, hurto calificado y lesiones personales.

Gonzalez Maxcyclak señaló que si bien es necesario fortalecer la oferta en el SRPA, urge concentrar los esfuerzos en priorizar a los adolescentes y jóvenes en la política pública, ampliando las oportunidades educativas, culturales, recreativas, labores y de participación ciudadana. “Esta tarea resultará menos costosa y más efectiva en términos sociales”, puntualizó.