Tema del Día

Sigue por segundo día negociación entre gobierno y campesinos en Tunja para solucionar crisis agropecuaria

Luego de un receso de seis horas, los representantes del Gobierno y los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, continúan hoy negociaciones en la ciudad de Tunja para buscar acuerdos que permitan poner fin al paro agrario que avanza en su décimo día.

Las negociaciones se adelantaron en forma ininterrumpida entre las 6 de la tarde y las 4 de la madrugada de hoy y se suspendieron por «cansancio». Los participantes se declararon optimistas de lograr acuerdos en las conversaciones que se reanudan a las 10 de la mañana.

Al levantar la sesión, los negociadores emitieron el siguiente comunicado:

«Por lo avanzado de la hora y por agotamiento físico decidimos retomar el diálogo hoy 28 de agosto a partir de las diez (10:00 a.m.). Vamos avanzando en la búsqueda de un consenso sobre el primer punto de la mesa sectorial agropecuaria.

Por tal motivo invitamos a la ciudadanía y a los campesinos que están al frente de la protesta, a mantener la calma respecto a los resultados de lo que se está adelantando en la mesa de diálogo.

Debemos aclarar que no hay un documento oficial en circulación, de modo que cualquier información publicada no tiene ninguna validez. El movimiento campesino manifiesta su independencia de cualquier movimiento o partido político».

Pero, mientras tanto, para hoy se anuncian nuevas movilizaciones en Bogotá y otras ciudades del territorio nacional en apoyo al paro agrario.

En la capital de la república marcharán los trabajadores petroleros, agrupados en la Unión Sindical Obrera, USO.

Mientras tanto, los estudiantes universitarios, anunciaron para mañana jueves movilizaciones en Bogota, las cuales se repetirán los días 11 y 12 de septiembre.

Las negociaciones giran en torno a un pliego de peticiones presentado por los promotores del paro agrario, que contempla, entre otros muchos temas, los Tratados de Libre Comercio y los costo de los insumos.

Lo que se acuerde en la capital boyacense, repercutirá en otras regiones del territorio nacional, como Nariño, el Eje Cafetero, Antioquia y los santanderes, en donde agricultores, camioneros y otros sectores, participan en el paro nacional agrario.

En las negociaciones de Tunja participan por el gobierno, los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Agricultura, Francisco Estupiñán, y por el sector agropecuario César Pachón, Florentino Borda, Walter Benavides y Giovanny Vela, por el departamento de Boyacá; Orlando Molina, Marlén Ángel Marroquín, César Pardo y Gustavo Morales, de Cundinamarca; y Hernando Sepúlveda, Wilson Muñoz, Jairo Chamorro y Richard Fuelantala, por Nariño.

Además actúan como garantes, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados; el arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro; el alcalde de la ciudad, Fernando Flórez; y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Las conversaciones se desarrollan alrededor de una contrapropuesta presentada por el gobierno nacional y que según el secretario general de la presidencia de la república Aurelio Iragorri, «es muy generosa».

No obstante advirtió que la solución a las demandas de los campesinos se darán una vez sean levantados el, paro y los bloqueos viales.

Al respecto, Wálter Benavides, uno de los 12 voceros de los campesinos, consideró posible que en medio de las negociaciones se empiecen a despejar algunas carreteras.

La Procuraduría General de la Nación anunció que en el marco del seguimiento que adelanta sobre la problemática del paro nacional, adelantará labores de acompañamiento de carácter preventivo en las mesas de negociación que se instauren y seguimiento al cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los compromisos alcanzados en estas mesas.

El anuncio fue hecho durante una reunión sostenida con los Diputados representantes de la Asamblea del Departamento de Boyacá, quienes plantearon ante el Ministerio Público su preocupación por la grave situación social y económica presente en el territorio a causa del paro agrario.

En el curso de las negociaciones, la entidad le recomienda al Gobierno Nacional conciliar acuerdos cuyo cumplimiento resulte viable y que contengan un cronograma concreto de logro de metas.

Para el Ministerio Público resulta indispensable reiterar las recomendaciones planteadas en relación con el ejercicio del derecho a la protesta, la cual debe ser pacífica y en el marco del respeto en todo momento a la integridad física, la libertad de movilización y la propiedad privada de los demás habitantes del territorio nacional.

A los miembros de la Fuerza Pública, cuya misión es mantener el orden público en las respectivas zonas de protesta, la Procuraduría General de la Nación les reitera y enfatiza la obligación que les asiste de cumplir sus funciones, en todo momento, dentro del marco del respeto de los derechos humanos y bajo los estándares de protección de la población civil.

Procuraduría recibe denuncias de los ciudadanos

La Procuraduría hace un llamado a la población que tenga información sobre cualquier situación que comprometa a los servidores públicos, en especial miembros de la Fuerza Pública, y que afecte los derechos y garantías de la población, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y en especial identidad de los autores, para que presente las denuncias correspondientes con el fin de dar inicio a las posibles indagaciones disciplinarias a las que haya lugar.

Las quejas de carácter disciplinario pueden radicarse con su soporte probatorio respectivo bien sea en las Procuradurías Territoriales presentes en la jurisdicción, en la página web www.procuraduria.gov.co, o por correo o radicación en la sede de la Procuraduría General de la Nación Cra. 5 # 15-80 de la ciudad de Bogotá.

Si se cuenta con el material probatorio que permita inferir que en las protestas existe infiltración de grupos armados ilegales o se tiene noticia de la identidad de quienes han utilizado la violencia en contra de personas o propiedad privada, es indispensable que se presenten las respectivas denuncias ante Policía Nacional y Fiscalía para que se adopten las medidas que correspondan por parte de las autoridades, en especial por el aparato judicial.