La Procuraduría General de la Nación radicó un escrito que busca frenar la venta de Isagen, indicando que con esa acción que impulsa el Gobierno Nacional se afecta el derecho colectivo al patrimonio público, y añade que en los documentos allegados al proceso no se encuentran estudios verídicos sobre el verdadero valor de la venta.

En la acción radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría solicita que se suspendan los actos que avalan la venta.

Según el radicado, “cabe la existencia de un daño inminente a los derechos de la sociedad invocados y de forma particular al derecho colectivo al patrimonio público”, y advierte que “No se conocen los documentos o estudios que dieron lugar a la aprobación de la venta de acciones. Pues sólo se ha puesto de presente que se emitió un decreto mediante el cual se aprobó una venta por parte del consejo de ministros, sin que se conozca cuáles fueron los métodos de valoración de la misma”.

Sobre este tema también se pronunció el nuevo ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, quien afirmó que en el caso de Isagen él no ha estado de acuerdo con ello y dijo “esa venta es inconveniente e inoportuna”.

“No es que haya cambiado mi posición frente a la venda de Isagen por haber sido nombrado ministro”, dijo Acosta y agregó que “el tema de la venta no está en mi cartera, sino en la de Hacienda”, dejando en claro que este tema es una de las banderas que llevará a los consejos de ministros para defender su postura en cuanto a la inviabilidad de la negociación