–Los sectores campesinos, que participaron en el paro nacional agrario bajo los auspicios de “Marcha Patriótica”, notificaron que el movimiento no se ha desmontado, que realizarán nuevas jornadas de protesta y anunciaron para el próximo mes de octubre una cumbre agraria y popular para decidir el futuro de la protesta campesina.

En una declaración política, los dirigentes de la mesa de unidad campesina señalan que el pacto agrario propuesto por el presidente Juan Manuel Santos no satisface sus intereses, pues no incluye la derogación de varias leyes que “incentivan el despojo, legalizan los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios”.

Además, advierten que la respuesta del gobierno a las movilizaciones y planteamientos “ha consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados” y que frente a “los pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros líderes, con la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta social”.

En el documento, promulgado a propósito de la primera mesa de diálogo programada para el este jueves 19 de septiembre para verificar el avance de los compromisos asumidos por el gobierno a instancias del vicepresidente Angelino Garzón, los firmantes advierten que no se entenderán con el nuevo Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, pues lo señalan como “el representante de un modelo de agronegocios, que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores”.

“No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país”, precisan.

Otros aspectos de la declaración son los siguientes:

“Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.

También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.

Exigimos tierras para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo anterior solo se lograra con la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.

Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.

En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.

Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del Estado.

Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el campesinado colombiano”, puntualiza el documento.