Los líderes de la llamada Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MÍA) anunciaron el retorno inmediato a sus lugares de orígen de los campesinos de 17 departamentos que participaron en el paro nacional agrario, para dar por terminada la protesta luego de pactar en Popayán con el gobierno nacional una agenda de trabajo y un cronograma para discutir el pliego de exigencias presentado por esta organización y que incorpora en sus puntos propuestas para superar la problemática del campo colombiano.

El pacto se logró en la Mesa Nacional de Negociaciones que se instaló la víspera en la capital del Cauca y en la cual se acordó también la realización de la próxima sesión el jueves 26 de septiembre en la ciudad de Medellín, donde las partes trabajarán sobre la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.

Los lideres del movimiento campesino indicaron que tras el acuerdo, todos los manifestantes «retornarán inmediatamente a sus territorios».

Los departamentos en los que se pondrá en marcha esta decisión son: Cauca, Nariño, Antioquia, Huila, Caquetá, Putumayo, Boyacá, Meta, Guaviare, Guainía, Arauca, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda.

En el encuentro de ayer en Popayán se acordó integrar una comisión de alto nivel para continuar las negociaciones, que por el gobierno estará integrada los Ministerios Interior, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público, Comercio Industria y Turismo; el Departamento Nacional de Planeación.

Por parte de la MIA, harán parte de esta comisión 20 voceros, 6 delegados regionales y 4 asesores por tema.

Las entidades y voceros estarán manera permanente. No obstante, y de conformidad con el tema que se vaya a tratar, asistirán delegados de las instituciones competentes, y sus equipos técnicos; todos ellos, con poder de decisión.

La Mesa Nacional de Negociaciones contará con el acompañamiento de una Comisión de Garantes conformada por delegados de la Vicepresidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Comunidad Jesuita, el Coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.