La Procuraduría General de la República le abrió hoy una indagación preliminar a Luis Miguel Cotes, gobernador del Magdalena, por su presunta participación en irregularidades dentro del proyecto de licitación de la Vía de la Prosperidad.

A través de la resolución 768 del pasado 12 de agosto, el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, oficializó, en las instalaciones del Palacio Tayrona, en Santa Marta, que el consorcio colombo-español Ribera Este ganó la licitación para la construcción de la vía de La Prosperidad. Su costo es de 436.355 millones de pesos. De esa suma el Gobierno aporta 266.000 y el resto (200.000) saldrán de las regalías que deja el carbón al departamento del Magdalena.

Lo que busca la Procuraduría General es encontrar si se presentaron irregularidades dentro del proceso de adjudicación del millonario contrato. Diversos organismos de control le advirtieron al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, que no se realizara la adjudicación por falta de recursos y fallas dentro del proceso.

El Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, indicó recientemente que acatará el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efectos la sentencia de un juez que ordenó la suscripción del contrato adjudicado por la gobernación del Magdalena al consorcio Ribera Este, así como también llevar la sentencia de tutela a revisión ante la Corte Constitucional con el convencimiento de actuar con estricto apego a la ley y a los principios que orientan la función administrativa.

Con el fin de determinar las presuntas irregularidades que se habrían presentado durante la adjudicación de la licitación de la Vía de la Prosperidad, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al Gobernador de Magdalena Luis Miguel Cotes.

Al respecto, tal licitación se realizó pese a los insistentes llamados por parte del ministerio público al gobernador en los que le requería información sobre la cuestionada vía tasada en 436 millones de pesos.

Para el órgano de control no habían recursos para que se llevará a cabo la obra.

Además, el Invías, había terminado el convenio entre la Gobernación y la Nación por medio del cual se aportaban los recursos para la construcción.

Esta decisión cobija a tres funcionarios más de la Gobernación.