El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, rechazó los asesinatos de dos jóvenes y un padre de familia ocurridos durante la última semana, en peleas callejeras entre hinchas de equipos de fútbol en Bogotá, y exigió al Gobierno Nacional y a las autoridades locales una política integral para enfrentar estos brotes de violencia que hoy empaña al fútbol.

Según Otálora Gómez, el Estado debe liderar mesas de diálogo institucionales y aplicar medidas como: identificar de manera explícita y confiable a quienes hacen parte de las barras de los equipos (carnetización) y exigirles que se organicen en asociaciones, que cuenten con personería jurídica. “Los equipos, por su parte, deberán definir de manera clara cuál es el apoyo que van a brindar a estas asociaciones y su participación en ellos”, agregó.

El Defensor del Pueblo considera que, para iniciar, se debe estudiar la posibilidad de aplicar sanciones con fines pedagógicos a las hinchadas cuando ocurran actos de violencia. Por ejemplo, se podría prohibir que los aficionados vistan las camisetas de sus equipos dentro de los estadios o que ingresen pancartas y banderas.

De la misma forma, les pidió a los gobiernos locales, a Coldeportes, a la Dimayor y a los ministerios de Cultura, de Defensa y Educación que actúen sobre el problema social que se esconde detrás de la pasión por un equipo o una camiseta y diseñen campañas de convivencia y tolerancia. El Estado no ha tomado las medidas para atacar la problemática de fondo y está en mora de adelantar políticas alrededor del ejercicio de esta actividad deportiva.

Ahora bien, Otálora Gómez también advirtió que los actos de violencia de los hinchas del fútbol no pueden servir de excusa para seguir creando nuevos delitos o incrementar las penas de prisión únicamente por el sentimiento de inseguridad que esto genera. Actualmente, el país cuenta con 14 leyes que han pretendido atacar el fenómeno de la violencia en los estadios, lo que significa que se cuentan con las suficientes herramientas jurídicas para enfrentar el problema pero que no se han aplicado de manera eficiente.

De otro lado, considera que la suspensión del campeonato profesional o el cierre de los estadios no sería una solución efectiva para enfrentar un fenómeno que empaña una actividad deportiva y una actividad económica de la que dependen cientos de personas en el país. “Hacerle eco a estas voces sería optar por una solución facilista a una conducta criminal que toma como excusa el fútbol y un premio para los violentos”, destacó.

Hay que tener en cuenta que hechos como los ocurridos en la última semana no son nuevos, que sucedieron de manera aislada y fuera de los estadios. De la misma forma, durante los partidos la Policía Nacional ha montado esquemas de seguridad para controlar estos brotes de violencia con excelentes resultados pero que seguramente deberán reforzarse.