El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado pidió al Gobierno Nacional dejar claros los límites de la justicia transicional a la guerrilla de las FARC, e insistió en que la impunidad, las amnistías y los indultos no son alternativas jurídicas ante la eventual firma de un acuerdo, resaltando que por asegurar ello no puede ser calificado como “enemigo” del proceso.

«Confío en que el Gobierno sea claro en La Habana y le diga los límites definidos por la Corte Constitucional a los señores de las FARC», fueron las palabras del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se pronunció este jueves desde la ciudad de Cartagena (Bolívar).

El jefe del Ministerio Público punttualizó que «En Colombia, salvo los alzados en armas, no se puede hablar de que haya enemigos de la paz. Los únicos enemigos de la paz son los que han bañado de sangre todo el territorio colombiano».

«¿Cómo callarme? Sería indigno. Tengo la investidura de representante de la sociedad. Como sociedad sí puedo hablar, y hablo, y voy a seguir hablando».

“Al procurador no le van a poner bozal”, dijo en referencia a la entrevista emitida el día de ayer por un canal de televisión distrital, en la que dos cabecillas del grupo insurgente FARC lo calificaron de “elemento desestabilizador de la gobernabilidad” y “enemigo desembozado” de la paz.

El procurador general abordó igualmente la deslegitimación de la institucionalidad colombiana a propósito de flagelos como la ausencia de justicia y la corrupción, dejando claro que este último fenómeno se presenta de forma lamentable en los sectores público y privado.

«Una de las grandes fuentes de la insatisfacción ciudadana es la no justicia, la morosidad en la justicia (…) El drama que hoy estamos viviendo es la deslegitimación de la autoridad, del establecimiento. Si nosotros no hacemos decididos esfuerzos, la institucionalidad va a ser desbordada».

Igualmente envío un mensaje a los servidores públicos que aprovechando su condición olvidan que promover el beneficio de la sociedad y proteger el patrimonio público hacen parte de sus deberes.

«El funcionario público no puede hacer lo que le venga en gana, sino lo que la Constitución y la Ley le autoricen (…) Hay secuestro de la función pública para beneficiar los intereses privados», concluyó.

La intervención del jefe del Ministerio Público se dio en desarrollo del Congreso Nacional de Transporte que se realiza en la ciudad de Cartagena (Bolívar).